Nuevo proyecto de ley para llevar infancias y juventudes a la cárcel

Ingresó a Diputados un proyecto de ley cargado de polémicas, cuyas discusiones aún no han sido saldadas en la sociedad.

La iniciativa fue anunciada por la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. A pesar de las críticas, el gobierno avanzó con sus promesas punitivistas, tratando la cuestión como si de un festejo se tratase.

El proyecto de ley presentado, cuyo nombre es “Régimen Penal Juvenil”, pondrá a los disputados a discutir sobre bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. En el cuerpo del texto se indicar cuál es la pena de imputabilidad y además establece medidas de ordenamiento del Código Penal según el delito cometido.

Además de fijar la edad mínima para ser sometido a un proceso penal a los 13 años, instrumenta la pena máxima en 20 años de prisión. En caso de tener que cumplir condena, el proyecto afirma que lo harán en “establecimientos especiales” si los hubiere, y si no, en “secciones separadas” dentro de los complejos penitenciarios ya existentes, bajo la dirección de personal idóneo.

Según el gobierno nacional en voz de Patricia Bullrich “en los últimos años se verificó un aumento de la delincuencia juvenil”. Convirtiendo este dato en el fundamento del cumplimiento de las promesas realizadas en campaña. En consonancia con el discurso de la ministra de seguridad, Cúneo Libarona afirmó que “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes” profundizando aún más la brecha social ya existente.

El proyecto presentado por el oficialismo, prevé un máximo de pena de 20 años y la posibilidad de disponer “medidas alternativas” a partir del cumplimiento de dos tercios de la condena. En caso de recibir una condena de 3 a 6 años, las medidas alternativas existirán solo si no existió “la muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”. 

No es casual que las argumentaciones exageradas y confrontativas acompañen las decisiones del gobierno nacional. Esta suele ser la estrategia del color político que se encuentra al mando, la de tergiversar la interpretación de la realidad para que se acomode a sus decisiones. Las estadísticas sobre delincuencia juvenil confirman esto, gracias a las voces autorizadas que se están haciendo oír.

La abogada Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, destacó que “En la Ciudad de Buenos Aires, en el 2022 hubo 86 victimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 tenían entre 16 o 17. En la Provincia hubo 924.492 investigaciones Penales Preparatorias y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más de 2% del total, y 61homicidios colosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir menos del 10% del total de homicidios”. 

El proyecto presentado por el oficialismo, prevé un máximo de pena de 20 años y la posibilidad de disponer “medidas alternativas” a partir del cumplimiento de dos tercios de la condena. En caso de recibir una condena de 3 a 6 años, las medidas alternativas existirán solo si no existió “la muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.

Dos polémicas afirmaciones en el cuerpo el proyecto de ley 

La iniciativa imparte, en relación a las investigaciones que se prevén hacer a menores de 13 años, que serán considerados “no imputables” una serie de disposiciones. El cuerpo del texto dice “En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”. Como si de un texto de 1800 de tratase.

Por otra parte, afirma que los niños y jóvenes de 13 años a 17 que hayan recibido una condena con libertad condicional deberá cumplir con las medidas paralelas. Establece como medida paralela la “obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo”. Una propuesta que llama la atención tomando en cuenta el aparato legislativo de nuestro país.