De enero a enero, los alquileres sufrieron una suba del 81%, según el índice del Banco Central. No es secreto que los salarios – más allá de que funcionarios y sindicalistas afines muestren orgullos paritarias que alzan o superan, mínimamente, este porcentaje – no siguieron el ritmo.

Así las cosas, según el cálculo de la entidad financiera nacional, una familia que pagaba $50.000 de alquiler en enero 2022, en enero 2023 pasa a pagar $90.500. Un salario promedio no se incrementó $40.000 durante el último año y si, llegado el caso lo hizo, solo alcanzaría para actualizar el mencionado alquiler; mientras, con el resto del sueldo se debe afrontar la suba en los precios de alimentos y servicios. 

Se trata, entonces, de un nuevo elemento que entra en juego a la hora de analizar la crisis habitacional salteña.

“Sin niños, sin mascotas”

Por lo descripto, la situación de los inquilinos se hace insostenible y, dentro de este grupo, quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad, son mujeres a cargo de hijas/os. En los grupos de alquileres de redes sociales, de un tiempo a esta parte, proliferaron testimonios y reclamos sobre hechos que dan cuenta de ello.

Los precios elevados y la imposibilidad de pagarlos generaron que muchas mujeres abandonaran el hogar que alquilaban en busca de uno que se ajuste a su economía. La tarea no es nada sencilla. Para ingresar a una casa tenés que contar con poco más de 3 meses del precio del alquiler. Más allá del dinero, la mayoría de los avisos – particulares o inmobiliarias – advierten que no se reciben niños ni mascotas. 

Si bien puede sonar algo trivial, datos del RENABAP – Registro Nacional de Barrios Populares – arrojan que, en los asentamientos, el 90% son mujeres a cargo de niños, obligadas a avanzar sobre terrenos por la falta de políticas públicas que salden la falta de viviendas. Cabe mencionar, además, que muchas de ellas abandonan sus hogares escapando de la violencia intrafamiliar. 

Así y todo, al Estado salteño se ha encargado de reprimirlas en los asentamientos de Parque La Vega y en San Lorenzo. De hecho, la primera represión y el malestar generalizado llevó a la Administración Sáenz a anunciar el plan ‘Mi Lote’, claro, bajo amenaza de que, quien tomara un terreno, quedaría excluido del programa. ‘Mi Lote’ no avanzó, a confesión de funcionarios provinciales, “porque no hay tierras”.

Siguiendo en el plano estatal, no son pocas las denuncias sobre lo imposible que se hace ingresar a planes del IPV, ya que – advierten – solo están destinados a la concepción tradicional de “familia”. Algunas mujeres con hijos a cargo relatan que, al momento de presentar sus carpetas, son indagadas respecto a su situación conyugal, o si, en caso de estar separadas, el padre de los niños se hace cargo de su manutención.

Foto portada: Violeta Gil

Lanzamiento del Plan Mi Lote, que a dos años de su lanzamiento aún no se cumplió con lo anunciado