


La jueza María Servini tomó la decisión luego de que las fuerzas de seguridad, de Nación como ciudad, detuvieran arbitrariamente a la mayoría de los 33 manifestantes que habían ido al Congreso a protestar en contra de la Ley Bases.
Al momento son 28 los liberados por la magistrada, a pesar de la intención del fiscal federal Carlos Stornelli, de endilgarle a todos los detenidos delitos tales como “daños simples, agravados, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”.
La decisión de Servini llegó poco después de que los familiares, junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales se manifestaran en la tarde del martes en plaza de Mayo, pidiendo la libertad de quienes permanecían presos. La concentración se llevó adelante frente a una guardia pretoriana de policías de la Federal que dispusieron un desmedido operativo que incluyó el despliegue de una vallado metálico.
Así las cosas, permanecen detenidos David Sica, quien le habría pegado a un policía; Patricia Arredondo, acusada de prender fuego bicicletas; Cristian Valiente, quien tendría en su poder una granada de gas lacrimógeno; Facundo Gómez, quien habría saltado una valla; y Roberto María de la Cruz Gómez, quien habría arrojado piedras.


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