Advierten sobre el desmonte de 30 mil hectáreas en Salta

Greenpeace denuncia la inminente convocatoria a audiencia pública por parte del Gobierno salteño para autorizar el desmonte de 26.000 hectáreas, el equivalente a una ciudad de Buenos Aires.

La fundación reveló en las últimas horas que desde el gobierno de Salta se convocó a una serie de audiencias públicas para autorizar desmontes en 30 fincas por un total de 25.916 hectáreas, una superficie superior a la de la ciudad de Buenos Aires. 

Además, la organización ecologista advirtió que la propuesta del gobierno por la actualización del Ordenamiento de Bosques Provincial infringe la Ley Nacional de Bosques y permitirá la deforestación de 720.000 hectáreas. 

La coordinadora de la Campaña de Bosques, Noemí Cruz, afirmó que el Gobierno de Salta avanza hacia la ‘’legalización de un ecocidio’’ ya que está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas, y también pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial ‘’en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad’’ sentenció Cruz.

En ese sentido, también recordó que Argentina firmó un compromiso de ‘’Deforestación Cero’’ para el año 2030, por lo que las provincias ‘’deberían ir en esa dirección” agregó la ecologista.

Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.

Entre las empresas y empresarios que obtendrán permisos de desmontes se encuentran: Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico S.A., Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar, entre otros.

En enero de este año, la organización envió al gobierno provincial un documento señalando varios puntos de la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: 

·         Permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; 

·         Valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; 

·         Permite autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; 

·         Fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté; 

·         No fueron previamente consultadas las comunidades indígenas. 

“Esperamos que el gobierno y la legislatura provincial no avancen con la aprobación de este nuevo ordenamiento territorial que es claramente violatorio de la Ley de Bosques. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De aprobarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, finalizó Cruz.