FOPEA expresó su preocupación por la ley bozal de diputados

A través de un comunicado, FOPEA manifestó: 

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados de Salta al Código de Contravenciones provincial, mediante el que se prevén sanciones para la difusión de noticias falsas. 

El proyecto aprobado establece en el artículo 50 que “será sancionado con arresto de hasta veinticinco (25) días o multa de hasta veinticinco (25) días el que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos”.

Si bien se especifica que “no configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, lo que a priori se presenta como una nueva herramientas para combatir la violencia digital en realidad acarrea un potencial efecto sobre la libertad de expresión.

En particular, porque con la redacción del texto la interpretación sobre quién puede ser pasible de una sanción queda a criterio discrecional de un funcionario. Además, resulta peligrosa y contraria a estándares internacionales la inclusión específica de “autoridades oficiales” como eventuales víctimas de la difusión de noticias falsas. Vale recordar que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el Principio 11 se establece que ‘los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información’.

FOPEA advierte que iniciativas como estas parecen estar más orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales y a generar un efecto inhibitorio del debate público y la participación ciudadana. Cualquier límite a la libertad de expresión representa un intento de erosión al sistema democrático y atenta contra garantías constitucionales.