Seguridad proyecta sumar cien pistolas disuasivas a las fuerzas policiales de Salta

En medio de severos reclamos por la falta de patrulleros y el deterioro edilicio de las comisarías del interior, el Ministerio de Seguridad confirmó la licitación de 100 pistolas disuasivas para fin de año, postergando soluciones de fondo en infraestructura con un parche de baja letalidad.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta puso en marcha el proceso licitatorio para adquirir un lote inicial de 100 armas de baja letalidad antes de la finalización del corriente año 2026. La medida contempla la compra de un equipamiento mixto que combinará dispositivos de descarga eléctrica tipo Taser y pistolas de proyección de balines aire comprimido con gas pimienta tipo Byrna, destinadas a las fuerzas provinciales de prevención.

La confirmación corrió por cuenta del ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, quien precisó en declaraciones radiales que la adquisición busca dotar a los efectivos de herramientas para intervenir en episodios de alta conflictividad en la vía pública o situaciones de crisis, como los violentos hechos reportados semanas atrás en Tartagal. No obstante, el propio funcionario supeditó la ampliación de este parque informático-armamentístico a la disponibilidad de las partidas presupuestarias que el Poder Ejecutivo apruebe para el ejercicio 2027.

El anuncio de la compra de armamento secundario se da en un contexto crítico para la seguridad provincial. Durante las recientes presentaciones ante la Legislatura para argumentar las necesidades presupuestarias del área, la cartera de Seguridad admitió la urgencia de agilizar normativas para la incorporación de personal policial y reconoció el severo déficit edilicio que atraviesan las comisarías e dependencias del interior, además de la marcada escasez de vehículos operativos para el patrullaje diario en los 14 distritos de prevención.

La iniciativa abre interrogantes entre especialistas en derechos humanos y sectores de la oposición sobre la capacitación real de los efectivos para el uso de estos dispositivos de baja letalidad, advirtiendo que el equipamiento no resuelve los problemas estructurales de falta de recursos básicos ni la crisis de infraestructura que padece la Policía de Salta.