Salta perdió casi 15 mil empleos formales y más de 600 empresas en la era Milei

El impacto territorial del plan económico nacional se cobra un precio altísimo sobre el tejido productivo y social de la provincia. Un lapidario informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, reveló que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 la provincia perdió 14.680 puestos de trabajo formales y 629 empleadores.

Los números exponen la crudeza de un ajuste que no distingue colores partidarios pero golpea con dureza las economías regionales: en menos de tres años, la cantidad de trabajadores registrados en Salta se desplomó un 5,7%, mientras que el universo de empresas y empleadores con personal formal se redujo un 7%. La sangría laboral no se repartió de manera equitativa, sino que destrozó las actividades medulares del aparato productivo local, con el agro, la construcción y el comercio a la cabeza.

En noviembre de 2023, la provincia contaba con 255.905 trabajadores formalizados; para junio de 2026, el número se hundió hasta los 241.225. Detrás de esa merma neta de casi 15 mil empleos se esconde el desmantelamiento de sectores clave:

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca encabezó la destrucción de puestos con una baja de 5.214 trabajadores, perdiendo el 28,4% de su empleo registrado. También borró del mapa a 231 empleadores. Construcción quedó en el segundo lugar con 4.752 puestos menos y una caída del 28%, golpeada de lleno por la paralización absoluta de la obra pública nacional, la asfixia crediticia y el parate de la actividad privada.

Comercio mayorista y minorista acumuló una pérdida de 1.524 trabajadores y lideró la destrucción de empresas al cerrar las puertas de 284 empleadores. Transporte, almacenamiento, alojamiento y gastronomía  acumularon una merma superior a los 2.600 empleos, evidenciando el impacto directo de la caída del consumo interno y la actividad turística.

La crisis también llegó al corazón del entramado empresarial salteño. Las pequeñas y medianas empresas de hasta 500 trabajadores absorbieron más del 72% de toda la destrucción de empleo formal en el período analizado. Aunque sectores puntuales como la minería, la enseñanza y la industria manufacturera mostraron leves variaciones positivas, su peso específico estuvo lejos de compensar el desastre generado en las ramas principales.

La masacre laboral detallada por el CEPA sella un diagnóstico impiadoso sobre el modelo económico vigente y desnuda, una vez más, el abismo insondable que separa a los indicadores de la calle de las prioridades del poder político.

Mientras las pequeñas empresas cierran persianas por centenas, los comercios achican planteles y miles de familias salteñas se quedan sin su sustento formal —en un contexto donde el 63% de los inquilinos locales quedan en la ruina tras pagar el alquiler—, la corporación legislativa opta por mirar hacia otro lado. Con la reciente sanción de un nuevo endeudamiento por 250 millones de dólares en la Legislatura provincial, la dirigencia ratifica una receta que prioriza el calce financiero y la timba de bonos por sobre la reconstrucción del trabajo y la producción. Para los salteños, el ajuste no es una teoría macroeconómica: es la condena diaria a la desocupación y a la pérdida sistemática de derechos.