La Justicia investiga al Ministerio de Educación por un núcleo educativo destinado a contextos de encierro

Imágen Prensa Municipalidad de Salta

El Ministerio de Educación quedó en el centro de una grave denuncia judicial por la operación del núcleo educativo 7160 (también identificado en los papeles como 7210), una estructura burocrática que acumula partidas millonarias para salarios bajo el régimen de educación en contextos de encierro.

La escandalosa presentación judicial fue realizada por la docente Celia Alejandra Alankay, quien, asistida por el abogado Nicolás Vedia, recurrió a la fiscalía penal económica tras chocar contra un muro de silencio infranqueable. La maestra intentó conocer los criterios de designación de un padrón cercano a trescientos docentes que figuran cobrando haberes estatales en dicha institución, obteniendo como única respuesta la negativa sistemática de las autoridades ministeriales.

Ningún funcionario supo explicarle a Celia Alankay cómo se distribuyeron esos cargos, si mediaron concursos transparentes o si se trató de una adjudicación digitada desde la cúpula que encabeza la ministra Cristina Fiore y el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker.

Cómo funciona el núcleo 7160: el laberinto de dar clases tras las rejas

Para entender la dimensión del escándalo es necesario desentrañar la lógica operativa de este tipo de instituciones. A diferencia de un establecimiento tradicional, el núcleo 7160 no cuenta con un edificio escolar propio ni con una dirección fija abierta al público. Su funcionamiento responde al sistema de educación en contextos de encierro, lo que implica que los profesores y profesoras no dictan clases en aulas ministeriales, sino que deben recorrer y articular sus actividades dentro de las instituciones penitenciarias y centros de alojamiento para jóvenes en conflicto con la ley.

Esta particularidad operativa, según el Ministerio de Educación, impone una logística fragmentada y compleja: las "aulas" dependen estrictamente de las realidades estructurales de cada penal. Mientras algunos complejos carcelarios lograron —a fuerza de gestiones y parches burocráticos ante la cartera de seguridad— construir un espacio exclusivo destinado al nivel secundario, en la gran mayoría de los establecimientos los docentes deben improvisar, resignificar y reformar momentáneamente espacios comunes o celdas adaptadas para intentar dictar clases.

Otra iniciativa de la institución. El Ente Descentralizado del mercado San Miguel ubicado en calle 20 de Febrero, abrió un Aula Satélite para el Núcleo Educativo N° 7.210 (imágen de la noticia), con propósito de convocar a quienes no hayan finalizado el nivel primario. La iniciativa ya cuenta con dos camadas de egresados. Tal iniciativa fue resultado de la articulación entre la Municipalidad de Salta y el Ministerio de Educación de la provincia. 

Entre la precariedad del sistema y el fantasma de la caja negra

Que los docentes deban insertar su labor pedagógica en instituciones que pertenecen y responden al sistema de seguridad —cuya potestad recae enteramente en otra órbita estatal— expone la enorme precariedad con la que se sostiene la educación en las cárceles salteñas. Sin embargo, esa complejidad operativa no puede ni debe convertirse en un cheque en blanco para la opacidad administrativa.

La falta de una sede física y el nomadismo de los profesores dentro de los penales se han transformado, en la práctica, en el biombo perfecto para evitar el escrutinio público. La negativa del ministerio a transparentar los padrones, los criterios de designación y los informes pedagógicos de esos trescientos agentes alimenta las peores sospechas. Mientras los profesores en los barrios sufren el ajuste y la falta de recursos, la Justicia deberá determinar si la educación en contextos de encierro funciona realmente como un derecho o si se convirtió en la pantalla ideal para blindar una caja negra de favores políticos.