La casta del 5%: Bruno denunció pedidos de dinero y expuso cómo funciona la franquicia de Olmedo y Orozco

La diputada nacional Eliana Bruno rompió con la conducción salteña de La Libertad Avanza y dejó al descubierto prácticas que se parecen demasiado a aquellas que el espacio libertario prometió desterrar: aportes obligatorios, reparto de cargos, disciplinamiento interno y candidaturas condicionadas por la capacidad económica.

La denuncia más delicada apunta a un presunto sistema de recaudación dentro del partido. Según Bruno, durante una denominada “Cumbre de la Provincia de Salta” se habría establecido que quienes percibieran remuneraciones iguales o superiores a los $700.000 debían aportar obligatoriamente el 5% de sus ingresos.

El esquema, siempre de acuerdo con el relato de la legisladora, alcanzaría a secretarios, colaboradores, dirigentes incorporados a organismos nacionales como ANSES y PAMI, y representantes libertarios en distintos niveles del Estado. Es decir, personas que accedieron a cargos o contratos públicos y que luego debían entregar una parte de sus ingresos a la estructura política.

El mecanismo no resulta novedoso. El pedido de dinero a funcionarios, legisladores y empleados designados por afinidad partidaria forma parte de los métodos más antiguos de la política: el cargo público convertido en fuente de financiamiento del espacio que facilitó el nombramiento. La diferencia es que esta vez la acusación recae sobre una fuerza que construyó buena parte de su identidad denunciando a “la casta” y prometiendo terminar con sus privilegios.

Bruno formuló preguntas que la conducción provincial deberá responder: quién fijó el porcentaje, bajo qué autoridad se exigía, cómo se administraban esos recursos, quién los recibía y qué rendición se hacía sobre su destino. “Preguntar no es traicionar. Preguntar es exigir transparencia”, expresó.

Su carta también permite observar el funcionamiento de la franquicia política conducida en Salta por Alfredo Olmedo y María Emilia Orozco. De acuerdo con el testimonio de Bruno, la pertenencia al espacio no solamente implicaría acompañar las ideas de Javier Milei, sino aceptar una conducción vertical que decide con quién se puede dialogar, cómo se distribuyen los lugares de trabajo y quién reúne las condiciones económicas para ocupar los primeros puestos de una lista.

Uno de los conflictos se produjo por los cuatro cargos correspondientes a la estructura legislativa de Bruno. Según contó, la conducción provincial pretendía quedarse con tres y dejar apenas uno para su sector. La diputada se negó y defendió la incorporación de dirigentes de Orán y del norte salteño que habían trabajado durante años en la construcción libertaria sin recibir remuneración.

La disputa revela que detrás de las consignas de renovación también existe una pelea concreta por contratos, nombramientos y espacios de poder. La supuesta defensa de la libertad parece encontrar sus límites cuando llega el momento de distribuir los recursos que ofrece el Estado.

Todavía más grave es la denuncia sobre la conformación de las futuras listas. Bruno aseguró tener pruebas de que dentro de la conducción se planteó que quienes no contaran con dinero para financiar las campañas no ocuparían los primeros lugares. “Los que vienen trabajando y no tienen dinero no estarán en cabeza de lista”, afirmó.

Si ese criterio existió, las candidaturas dejarían de depender de la representación, la trayectoria o el trabajo territorial y pasarían a funcionar como lugares reservados para quienes puedan pagarse la campaña. Otra práctica conocida de la vieja política, ahora presentada detrás de una marca que se promocionó como nueva.

La diputada también describió un clima interno atravesado por prohibiciones y acusaciones de traición. Aseguró que recibió instrucciones para no mantener reuniones con funcionarios provinciales, incluso cuando esos encuentros podían servir para gestionar soluciones para Orán y el norte de Salta.

“¿Cómo podemos defender la libertad hacia afuera si hacia adentro pretendemos prohibir el diálogo o disciplinar al que piensa diferente?”, cuestionó. La frase expone otra contradicción: mientras La Libertad Avanza reivindica públicamente la libertad individual, dentro de su estructura provincial se habría intentado controlar hasta los interlocutores de sus propios representantes.

Bruno aclaró que continuará respaldando las ideas del presidente Javier Milei y que su ruptura no es ideológica. Su alejamiento apunta directamente contra la forma en que Olmedo y Orozco administran la franquicia libertaria en Salta: con verticalismo, centralización de cargos y recursos, exigencias económicas y castigos políticos hacia quienes cuestionan las decisiones.

La carta abre una crisis que difícilmente pueda reducirse a una pelea personal. Lo que está en discusión es si el armado libertario salteño realmente vino a cambiar las prácticas políticas o simplemente reemplazó nombres mientras conservaba los métodos. Porque si para acceder a un cargo hay que entregar un porcentaje, para integrar una lista hay que poner dinero y para permanecer dentro del partido hay que obedecer sin preguntar, la casta no quedó afuera: solamente cambió de franquicia.