Nuevo Régimen Penal Juvenil: Buenos Aires resiste mientras Salta ya lo implementó

Mientras una jueza bonaerense frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil por falta de infraestructura, Salta aceleró su implementación con un tendal de dudas en el interior provincial. El millonario presupuesto nacional que choca contra la realidad de las trincheras judiciales.

El pasado 5 de septiembre marcó un quiebre en la política criminal argentina. Con la promulgación de la Ley Nacional 27.801, la postergada discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años dejó de ser una promesa de campaña para convertirse en realidad efectiva.

Sin embargo, su debut expuso una profunda asimetría federal: mientras la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, dictó una cautelar que congeló la norma por 60 días en la provincia de Buenos Aires alegando "falta de infraestructura básica", el Poder Judicial de Salta dio luz verde a su aplicación inmediata.

Al momento de debatirse el proyecto en el Congreso a inicios de 2026, el Gobierno nacional asignó una partida presupuestaria específica de $23.739.155.303,08 (más de 23.700 millones de pesos) para la puesta en marcha del sistema. 

Aun así, el texto esconde una clásica encrucijada del federalismo argentino: la ley es de fondo y de carácter nacional, pero la costosa ingeniería operativa —construcción de alcaldías específicas, contratación de gabinetes interdisciplinarios y estructuras de contención— corre por cuenta de las arcas de cada provincia.

En Salta, el Ejecutivo decidió asumir el reto sin dilaciones. El secretario de Justicia provincial, Javier Mónico, apuró el discurso oficial asegurando en Hora de Voces que el sistema local "no está en crisis" y afirmó que la provincia ya cuenta con 102 menores bajo el radar del nuevo régimen: 84 de ellos insertos en el Instituto Especializado de Abordaje Territorial (bajo modalidades abiertas y medidas socioeducativas) y 18 alojados en establecimientos cerrados especializados.

Sin embargo, el optimismo oficial choca de frente con la advertencia de los organismos de derechos humanos sobre el asunto. En diálogo con el programa N&N, el abogado penalista y especialista en DD.HH., Pablo Del Pino, desarmó el relato del éxito operativo y puso el foco en la vulneración de garantías constitucionales que esconde la implementación a las apuradas, especialmente en el interior de la provincia."En gran parte del interior de Salta no existe la especificidad que exige la ley. No hay jueces de menores, no hay fiscales de menores, no hay defensores de menores", alertó Del Pino. 

El letrado hizo hincapié en una peligrosa fisura del articulado de la Ley 27.801: el texto contempla que, ante la inexistencia de organismos o establecimientos especializados acondicionados en la jurisdicción, el menor imputado corresponderá ser alojado en la cárcel común. "Esa es la afectación fundamental. Se está violando de manera flagrante el principio de progresividad y los tratados internacionales que prohíben el confinamiento de menores con adultos".

Finalmente se refirió a la introducción de la figura difusa del "supervisor" —un retorno al viejo sistema paternalista de control— sin competencias claras ni presupuesto asignado para su rol de tutoría. Para Del Pino, el freno judicial en Buenos Aires funcionará inevitablemente como un "caso testigo" para las presentaciones y amparos que ya se evalúan en el norte del país.