Competencia o colapso: buscan romper la afiliación obligatoria al IPS para los empleados públicos

En medio de una profunda crisis prestacional marcada por el desfinanciamiento, demoras crónicas y el agobiante cobro ilegal del plus médico, la Legislatura provincial recibió un proyecto de ley que sacude los cimientos del sistema sanitario estatal.

Un bloque de legisladores de La Libertad Avanza —encabezado por Eduardo Virgili junto a ocho pares— presentó el Expediente Nº 91-54.607/26, una iniciativa que propone instaurar la libertad de elección de cobertura de salud para todo el Sector Público Provincial, habilitando a los trabajadores a abandonar el Instituto Provincial de Salud (IPS).

Basándose en la desregulación impulsada a nivel nacional por el DNU 70/2023, los autores del proyecto apuntan directamente contra el statu quo del organismo. Actualmente, el IPS opera bajo una lógica de mercado cautivo que obliga a más de 200.000 afiliados a sostener un esquema sin alternativas. Según los fundamentos de la norma, esta estructura cerrada priva a los empleados públicos de los mismos derechos de elección que goza el sector privado, generando un combo letal de ineficiencia burocrática, desatención y un deterioro constante de las cartillas médicas.

La propuesta legislativa sostiene que la introducción de la competencia abierta es la única vía para forzar al IPS a depurar su padrón de prestadores, mejorar sus aranceles y erradicar los abusos cotidianos que castigan el bolsillo de los afiliados, como el cobro de plus. Al enfrentarse a la inminente pérdida de masa societaria frente a obras sociales sindicales o prepagas, según este proyecto de ley la obra social provincial se vería obligada a reestructurar sus costos administrativos y optimizar los recursos destinados a la asistencia real.

Sin embargo, el ambicioso plan libertario arranca con un talón de Aquiles reglamentario idéntico al de otras iniciativas de peso: el expediente ingresó a la Cámara sin ningún dictamen favorable de las comisiones de Salud, de Hacienda y Presupuesto, y de Legislación General. Queda por ver si la iniciativa se convertirá en el detonante de una profunda transformación estructural que ponga en jaque el monopolio del IPS, o si quedará archivada en los cajones de una corporación política reacia a tocar los negocios de la salud estatal.