Auditoría lapidaria contra la intendenta de Hipólito Yrigoyen por más de mil millones desaparecidos

La crisis institucional en el municipio de Hipólito Yrigoyen escaló a niveles insostenibles tras revelarse las contundentes conclusiones de un informe técnico contable aprobado por el Concejo Deliberante. De acuerdo con las auditorías expuestas por el edil Gabriel Hoyos, la administración de la intendenta Soledad Cabrera quedó bajo la lupa de la justicia al detectarse un presunto faltante y movimientos discrecionales de fondos públicos que superan largamente los mil millones de pesos.

El monumental desvío de recursos pone al descubierto una matriz de manejo patrimonial que el propio arco político opositor calificó con dureza como una administración feudal, donde el municipio es conducido "como si fuera una estancia privada" en detrimento de las arcas públicas.

Según detalló el relevamiento legislativo, una porción colossal de esos fondos debiera haberse traducido en obras de infraestructura urbana y asistencia social básica que brillan por su ausencia, acumulando expedientes paralelos por construcciones inconclusas, contrataciones sospechosas y la inexistencia de documentación respaldatoria que justifique el destino del dinero estatal.

El informe no solo ratifica la malversación millonaria que ya motivó denuncias penales previas en los tribunales provinciales, sino que incorpora nuevos elementos de sospecha sobre el uso del parque automotor y donaciones dudosas al municipio —incluyendo rodados de origen poco claro y operativos de contraprestación opacos que ahora la justicia busca dilucidar—.

Este cóctel de asfixia financiera se complementa con el colapso total de los servicios públicos en la localidad del norte salteño, calles abandonadas, un sistema sanitario local colapsado y una planta de trabajadores municipales sumida en la precarización, a los que se les niega cobertura médica elemental y aportes de ART.

Con el aval de las pruebas contables sobre la mesa, el Concejo Deliberante se prepara para endurecer las medidas institucionales. Los ediles avanzan en la redacción de pedidos formales de interpelación para exigir que la jefa comunal dé explicaciones presenciales sobre el paradero de los más de $1.000 millones observados.

De no mediar respuestas convincentes o persistir el blindaje y el silencio político por parte del Ejecutivo, los bloques opositores advirtieron que reunirán los números necesarios para abrir formalmente un proceso de juicio político y destitución, marcando un punto de inflexión en una gestión acorralada por el desmanejo y la desidia.