Avanza en Salta el proyecto para prohibir la publicidad de apuestas en bienes del Estado

En un paso clave hacia la regulación de la ludopatía y la protección de los sectores más vulnerables, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a un proyecto de ley que prohíbe de manera tajante la publicidad y patrocinio de casinos, salas de juego, casas de apuestas y plataformas online en todos los bienes, espacios y vehículos pertenecientes al Estado salteño. 

La medida apunta directamente a erradicar la presencia de marcas e incentivos vinculados a las apuestas en edificios públicos, móviles oficiales, cartelería estatal y eventos culturales o deportivos financiados total o parcialmente con fondos provinciales, buscando cortar de raíz con la normalización y legitimación institucional de una actividad que registra un crecimiento alarmante en la sociedad.

Durante el debate parlamentario, la iniciativa generó intensas discusiones y visiones encontradas entre los legisladores acerca del alcance de la normativa. Por un lado, los impulsores del proyecto remarcaron la urgencia de redoblar los esfuerzos de prevención y asistencia frente al avance de la adicción al juego —con especial foco en los jóvenes y adolescentes alcanzados por la proliferación de las apuestas digitales—, considerando inadmisible que el Estado preste su infraestructura para promocionar un negocio que destruye la economía de los hogares.

Por otro lado, diversos sectores expresaron reparos y advirtieron sobre el riesgo latente de que una prohibición de esta naturaleza, si no es acompañada por controles rigurosos, termine incentivando el crecimiento del mercado negro y del juego clandestino, solicitando incluso ampliar las restricciones a otros soportes comerciales para lograr un cerrojo efectivo.

Tras la media sanción del proyecto de ley presentado por Gauffin en la Cámara baja, el expediente legislativo fue girado formalmente al Senado provincial, ámbito donde se retomará la discusión para definir el texto definitivo de la norma. Los senadores tendrán la responsabilidad de sopesar las demandas de los especialistas en salud mental, las advertencias sobre el flagelo de la ludopatía online y las objeciones vinculadas al impacto económico y regulatorio, en una votación que promete reavivar la tensión política en torno a los límites entre la recaudación, la publicidad comercial y la protección del bienestar social en Salta.