Lejos del puntaje ideal: Salta comparte el escalón de la opacidad fiscal junto a Catamarca y Misiones

El relato oficial del "ordenamiento financiero" y la previsibilidad económica de la provincia volvió a chocar de frente contra las mediciones de los organismos técnicos independientes. El último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) reveló que Salta se encuentra estancada en el Grupo III del ranking de transparencia fiscal, lo que equivale a un nivel de cumplimiento meramente "intermedio".

Al evaluar la disponibilidad real y el libre acceso de la ciudadanía a los datos sobre las cajas del Estado durante la primera quincena de abril, el monitoreo nacional arrojó que la gestión provincial prefiere el secretismo o la demora administrativa antes que abrir las planillas de sus gastos. Salta comparte este incómodo escalón con Catamarca, Santiago del Estero y Misiones, quedando muy lejos del puntaje ideal que sí alcanzaron provincias vecinas y del litoral.

El índice elaborado por la ASAP mide de manera ponderada si los ciudadanos pueden auditar de forma online y actualizada los datos más sensibles del funcionamiento gubernamental: el Presupuesto vigente, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, el stock real de la deuda pública y, fundamentalmente, la cantidad de empleados estatales en planta permanente y contratados. En la cima del desempeño institucional, con un puntaje perfecto de 100 puntos y dentro del Grupo I (cumplimiento estricto), se consolidaron Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Estas tres jurisdicciones demostraron que es posible mantener las cuentas abiertas sin recurrir a las clásicas evasivas burocráticas de las provincias del norte.

El informe de mitad de año de la ASAP encendió, además, alarmas a nivel general al confirmar un preocupante deterioro en el promedio nacional de transparencia fiscal, el cual descendió a 70,9 puntos frente a los 74,3 registrados en septiembre del año anterior. Este apagón informativo global coincide con un escenario de fuertes ajustes y reestructuraciones de partidas, donde los gobernantes parecen más preocupados por maquillar los números o esconder el destino de los fondos remanentes que por cumplir con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

La permanencia de Salta en el lote de cumplimiento medio deja abierta una severa discusión sobre los mecanismos de control ciudadano en la provincia. Mientras la Casa de Gobierno promociona un control estricto del gasto público, en los hechos retacea información clave sobre cómo se está financiando el bache económico generado por el freno de los fondos nacionales. Quedar incluso por debajo del Grupo II —donde provincias con severas crisis estructurales como Formosa, Chaco, La Rioja, Tucumán y Santa Cruz lograron calificar con un nivel de cumplimiento "alto"— expone que la opacidad salteña es una decisión política antes que una limitación técnica de sus plataformas web.

Para los contribuyentes salteños, la falta de datos actualizados impide conocer a ciencia cierta el impacto del endeudamiento en moneda extranjera y el crecimiento real de la estructura de cargos políticos contratados en los ministerios durante este año. La advertencia de la ASAP es contundente: lo que el poder político no transparenta de forma abierta y digerible para la sociedad, generalmente responde a la necesidad de blindar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.