El municipio quitó colchones y refugios bajo el puente de Av. Paraguay en un operativo de despeje

Bajo el rótulo de "recuperación de espacios públicos" y "erradicación de focos infecciosos", la gestión del intendente Emiliano Durand consumó un nuevo operativo de desalojo forzoso contra los eslabones más vulnerables de la exclusión social. El director de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta, Sebastián Rodríguez, confirmó que durante el fin de semana se intervino de manera compulsiva en el sector del bajo puente de la Avenida Paraguay, en las inmediaciones del río Arenales, procediendo a retirar colchones, maderas y pertenencias de personas en situación de calle que utilizaban la estructura como único e improvisado refugio ante el crudo invierno.

La propaganda oficial intentó capitalizar la medida celebrando la "liberación de terrenos", pero eludió por completo detallar qué plan de contingencia habitacional o de asistencia social se ofreció a los desterrados, transformando una problemática humanitaria y de extrema pobreza en un mero problema de recolección de residuos y seguridad urbana.

El informe emitido por la Municipalidad de Salta justificó el despliegue técnico y de control argumentando que las ocupaciones bajo el puente de la concurrida avenida de la zona sur generaban "focos infecciosos, riesgo de incendios y obstrucción de canales pluviales". Sin embargo, el lenguaje administrativo de la Secretaría de Espacios Públicos deshumaniza una realidad social alarmante en este 2026: el progresivo aumento de familias y personas solas que, empujadas por la inflación, la falta de empleo y los alquileres impagables en las barriadas periféricas de Salta, terminan viviendo en los márgenes de los ríos urbanos. Tratarlos de "ocupantes indebidos" y equiparar sus pertenencias básicas con "microbasurales" expone la total falta de empatía de una gestión que prioriza la visual de las arterias principales antes que la contención de los salteños en emergencia total.

El discurso del ordenamiento céntrico y periurbano se tradujo en una alarmante jactancia oficial, donde el municipio sacó pecho al anunciar que ya llevan "liberadas más de cinco hectáreas de terrenos públicos" desde el inicio de la actual administración. Lo que las gacetillas municipales omiten aclarar es que el retiro de colchones y la expulsión de personas de un puente no soluciona de fondo la inseguridad ni la vulnerabilidad social; simplemente desplaza la marginalidad hacia otros sectores periféricos, invisibilizando el hambre de la vista de los automovilistas que circulan diariamente por la transitada Avenida Paraguay.