Agustina Álvarez y la corrupción: cuando la vara moral solo apunta para un lado

La concejal libertaria intentó diferenciar a La Libertad Avanza de los gobiernos peronistas y kirchneristas apelando a causas emblemáticas de corrupción. Sin embargo, evitó cualquier referencia a los escándalos que hoy golpean a figuras centrales del oficialismo nacional. La contradicción abre un debate sobre el uso selectivo de la ética en la política.

Durante una intervención en el Concejo Deliberante de Salta, la concejala Agustina Álvarez reivindicó la identidad política de La Libertad Avanza a partir de una fuerte crítica al peronismo y al kirchnerismo. “Gracias a Dios que no nos vamos a parecer a los gobiernos kirchneristas ni peronistas”, afirmó, para luego enumerar una serie de episodios asociados a corrupción y abusos de poder ocurridos durante administraciones anteriores.

La edil mencionó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad, recordó el caso de Alberto Fernández y las denuncias por violencia de género en su contra, y apeló a imágenes que quedaron grabadas en la memoria colectiva, como los bolsos de José López arrojados en un convento. “Gracias a Dios que no nos parecemos porque la corrupción mata”, sentenció.

El planteo no es novedoso. Desde su llegada al poder, La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política sobre una promesa de ruptura moral con la denominada “casta”. La corrupción no aparece solamente como un problema administrativo o judicial, sino como un elemento constitutivo de una cultura política que el mileísmo asegura venir a reemplazar.

Sin embargo, esa narrativa enfrenta cada vez más dificultades para sostenerse cuando se analiza la conducta del propio oficialismo.

Mientras dirigentes libertarios exigen explicaciones permanentes sobre los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo, el silencio suele imponerse cuando las denuncias alcanzan a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei o a su entorno político más íntimo.

El caso más resonante fue el escándalo de la criptomoneda Libra. La promoción pública realizada por el propio presidente generó una investigación judicial y una fuerte repercusión internacional tras el desplome del activo digital y las pérdidas sufridas por miles de inversores. Pese a la magnitud del episodio, pocos dirigentes libertarios se pronunciaron públicamente para exigir responsabilidades políticas.

Tampoco abundaron las declaraciones sobre las denuncias que rodean a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde distintos sectores cuestionaron manejos administrativos y decisiones de gestión que derivaron en investigaciones y polémicas públicas.

Más recientemente, comenzaron a surgir cuestionamientos vinculados al entorno de Karina Milei. Diversas publicaciones periodísticas y denuncias de dirigentes opositores apuntaron a supuestos pedidos de aportes o retornos para facilitar contactos políticos, una situación que la Justicia deberá esclarecer pero que, al menos por ahora, no genera la misma indignación pública entre los referentes libertarios que sí muestran frente a hechos similares cuando involucran a otras fuerzas.

A esto se suma la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en cuestionamientos por la demora en la presentación de su declaración jurada patrimonial y por investigaciones periodísticas sobre la evolución de sus gastos y patrimonio. Aunque no existe condena alguna en su contra, el tema tampoco forma parte de las preocupaciones expresadas por quienes levantan la bandera de la transparencia como principal diferencial político.

La discusión de fondo no pasa por equiparar automáticamente causas judiciales de distinta naturaleza ni por establecer condenas anticipadas. Tampoco por relativizar los hechos de corrupción ocurridos durante gobiernos anteriores. La cuestión es otra: si la ética pública es un valor, debería aplicarse con el mismo criterio para propios y ajenos.

Cuando la corrupción se convierte únicamente en un argumento para atacar adversarios, deja de ser una convicción para transformarse en una herramienta de marketing político y uso pirotécnico en redes sociales.

Las palabras de Agustina Álvarez reflejan precisamente esa tensión. La concejal reivindica una superioridad moral respecto del peronismo y el kirchnerismo, pero evita pronunciarse sobre las denuncias que hoy rodean a figuras centrales del espacio político al que decidió incorporarse.

La pregunta, entonces, no es si La Libertad Avanza se parece o no a los gobiernos que critica. La verdadera pregunta es si está dispuesta a aplicar la misma exigencia ética hacia adentro que la que reclama hacia afuera.