Tolerancia cero en Salta: arranca la reglamentación para el narcotest obligatorio a políticos y jueces

La provincia de Salta ingresó en la cuenta regresiva para la aplicación efectiva de una de las normativas de control institucional más severas y comentadas de su historia reciente. Este miércoles quedó formalmente constituida la comisión multisectorial encargada de redactar la reglamentación de la Ley Provincial N.º 8533 (originada en el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 32/2026 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz).

La legislación establece la obligatoriedad de someter a exámenes toxicológicos periódicos, aleatorios y sorpresivos a la totalidad de las autoridades públicas de los tres poderes del Estado, incluyendo a intendentes y concejales de todos los municipios.

El encuentro que dio puntapié inicial a las mesas técnicas se desarrolló en la capital provincial y contó con la conducción del jefe de Gabinete, Sergio Camacho, junto al ministro de Salud Pública, Federico Mangione. Ambos funcionarios coincidieron en que la medida responde de forma directa a un enérgico reclamo de transparencia por parte de la sociedad civil hacia sus representantes.

El sector gubernamental ratificó el carácter trascendental que posee la iniciativa para los despachos oficiales, asegurando que con este blindaje Salta se posiciona a la vanguardia nacional en materia de control de idoneidad y lucha contra los consumos problemáticos dentro de la función pública.

La letra de la normativa no contempla excepciones ni fueros de ninguna índole, derribando los tradicionales esquemas de protección política. Dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, el examen alcanzará desde la figura del Gobernador, ministros, secretarios y directores generales. En el ámbito Legislativo, la obligatoriedad recaerá sobre todos los senadores y diputados provinciales, mientras que el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán someter al control a jueces, fiscales, asesores y demás magistrados de la estructura judicial.

El despliegue de los testeos descentralizados llegará también al interior bonaerense y metropolitano, forzando a jefes comunales y cuerpos de concejales a someterse a las muestras de fluidos. Los operativos se ejecutarán mediante test rápidos homologados por la autoridad sanitaria y tendrán la característica de ser imprevistos. Los únicos casos exceptuados de sanción inicial serán aquellos funcionarios que se encuentren bajo tratamientos médicos validados con sustancias controladas, quienes deberán aportar la prescripción oficial correspondiente ante los peritos médicos del área de toxicología.

Garantías de confidencialidad y la remoción inmediata ante el positivo

La comisión técnica —integrada por legisladores de diferentes bloques, asesores legales del Estado y especialistas médicos— se encuentra abocada a diseñar protocolos rigurosos que aseguren la confidencialidad de los datos, el resguardo del honor de las personas y una cadena de custodia estricta de las muestras tomadas.

El sistema de control funcionará de manera escalonada: si un funcionario arroja un resultado positivo en la prueba rápida de campo, dicha muestra se remitirá a laboratorios de alta complejidad para estudios cromatográficos específicos. El afectado tendrá un plazo de 24 horas para solicitar una contraprueba en un laboratorio independiente.

El régimen de penalidades diseñado para quienes intenten eludir la normativa o resulten positivos definitivos contempla severas consecuencias políticas y administrativas:

• Negativa al test: La resistencia o la negativa explícita a realizarse el examen médico será considerada por la ley de forma automática como un resultado equivalente a un positivo, activando los protocolos de sanción.

• Funcionarios de planta política o diseño: Aquellos trabajadores con cargos jerárquicos o políticos dependientes del Ejecutivo que den positivo serán pasibles de una remoción inmediata de sus funciones sin derecho a indemnización.

• Cargos electivos y magistrados: Para el caso de los legisladores, intendentes, concejales o jueces que gocen de estabilidad constitucional, el positivo fehaciente disparará el inicio automático de los mecanismos institucionales de destitución previstos, tales como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento.

Con la mesa multisectorial ya operativa, los equipos legales aceleran la redacción final del decreto reglamentario que el Ejecutivo prevé firmar y publicar en el Boletín Oficial durante las próximas semanas, marcando un hito en la administración pública salteña destinado a garantizar que quienes definen los destinos de la provincia lo hagan en pleno ejercicio de sus capacidades.