




Un nuevo y brutal episodio de violencia de género con sello institucional sacudió anoche a la zona oeste alta de la ciudad de Salta. Un efectivo de la Policía de la Provincia atacó a balazos a su pareja, quien también es integrante de la fuerza, y al padre de ella dentro de una vivienda del barrio García Basalo.
Tras la agresión, en circunstancias que son materia de investigación, el atacante perdió la vida en el lugar. El sangriento hecho dejó a las dos víctimas internadas con lesiones de gravedad y reabrió un debate urgente: la absoluta falta de seguimiento psicológico a los agentes del Estado a los que se les entrega un arma de fuego.
El horror se desencadenó la noche de este martes 27 de mayo. Según los primeros datos de la investigación, el uniformado se presentó en el domicilio de su expareja y, tras una violenta discusión, utilizó un arma de fuego para desatar una cacería familiar, hiriendo gravemente a la madre de su hijo y a su exsuegro.


El caso quedó en manos del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien coordinó el despliegue del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) y de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar las pericias de rigor y ordenar el traslado del cuerpo del agresor al Servicio de Tanatología Forense para su autopsia.
Mal pagados, sin asistencia psicológica y sin posibilidad de reclamo
Este intento de femicidio y asesinato frustrado vuelve a poner la lupa sobre las severas deficiencias en la formación y el mantenimiento de la salud mental dentro de la Policía de Salta. La comunidad civil asiste con espanto a una realidad sistemática: se recluta a personas que no cuentan con las estructuras mentales necesarias , y se las somete a estructuras verticales que convalidan y reproducen la violencia, y nunca se las evalúa ni trata psicológicamente a tiempo.
El agravante de que ambas partes pertenecieran a la misma institución policial desnuda que el peligro convive diariamente dentro de los propios cuarteles. Especialistas en seguridad vienen advirtiendo que los exámenes psicotécnicos de ingreso son meros trámites burocráticos y que, una vez adentro de la fuerza, el seguimiento sobre la salud mental de los agentes es nulo.
Los efectivos portan armas sin un control periódico de su estabilidad emocional o de sus antecedentes de violencia en el ámbito doméstico. Al ignorar las alarmas y desproteger el factor humano, el Estado se transforma en responsable indirecto de tragedias donde el equipamiento oficial se convierte en el brazo ejecutor del machismo más violento.


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