Motosierra sanitaria: una muerte por falta de autorizaciones expone la crisis terminal del PAMI en Salta

La motosierra aplicada a la salud pública y el feroz recorte de prestaciones estatales se cobraron una víctima fatal en Salta. La Asociación Norteña de Jubilados y Pensionados denunció públicamente que una afiliada al PAMI, que padecía una enfermedad crónica, falleció desamparada debido a que las órdenes de asistencia y medicamentos esenciales "nunca llegaron". La entidad calificó el hecho como una muestra trágica de "negligencia y abandono de persona" por parte de la obra social conducida por el gobierno de Javier Milei.

La denuncia fue formulada por el presidente de la asociación, Rubén Tapia Cabrera, quien expuso el devastador panorama que enfrentan los adultos mayores en la provincia, atrapados entre haberes de indigencia y un sistema de salud desmantelado. Respecto al deceso de la mujer, el dirigente anticipó que los equipos legales analizan avanzar con una presentación judicial penal por abandono de persona contra las autoridades del organismo, buscando que la muerte no quede impune en la contabilidad del superávit fiscal de la Casa Rosada.

Para Tapia Cabrera, la situación actual del PAMI en Salta es directamente "pésima" y las demoras administrativas se transformaron en una lotería macabra para los pacientes. “Cuando la espera llega a los tres meses tenés dos situaciones: o ya te curaste solo o ya no estás”, sentenció con crudeza, detallando que los turnos para especialistas o las programaciones de cirugías de alta complejidad registran retrasos de hasta seis meses en el sistema público y privado prestador.

El hachazo oficial también afectó el vademécum de medicamentos gratuitos, obligando a los ancianos a realizar engorrosos reempadronamientos para intentar recuperar los descuentos del 100%. Esta medida fue duramente criticada por la asociación, señalando que la exigencia de trámites estrictamente virtuales funciona como una trampa burocrática intencional. "El jubilado no siempre está apto para la tecnología", advirtió Tapia Cabrera, denunciando que las plataformas digitales del Gobierno nacional actúan como una barrera de exclusión para que los abuelos desistan de reclamar sus remedios.

La crisis sanitaria de la obra social se desata en el peor escenario económico posible para el sector pasivo. Con las jubilaciones mínimas congeladas por debajo de la línea de indigencia —incluso contabilizando los bonos fijos licuados por la inflación—, los adultos mayores se ven imposibilitados de volcarse al sistema de medicina privada o comprar los fármacos por su cuenta. "La enfermedad no espera, no tiene turno", concluyó el dirigente, alertando que las políticas de ajuste de la gestión de Milei están empujando al sector más vulnerable de la sociedad a un callejón sin salida donde la burocracia y la falta de presupuesto estatal terminan costando vidas.