Innocence Project cuestionó el accionar de la Fiscalía en el caso Vera

Manuel Garrido acompañó a Beatriz Yapura en Salta y denunció, en conferencia de prensa, “violencia institucional”, irregularidades en la extracción de ADN y persecución contra abogados y periodistas que cubren la causa.

La nueva denuncia por abuso sexual contra Santos Clemente Vera volvió a colocar el foco sobre el funcionamiento de la Justicia salteña. En ese marco, el presidente de Innocence Project Argentina, Manuel Garrido, llegó a Salta para acompañar a Beatriz Yapura, esposa de Vera, durante la toma de muestras de ADN solicitada por la Fiscalía.

Desde el salón Leguizamón del Hotel Alejandro I, Garrido lanzó fuertes cuestionamientos contra el Ministerio Público Fiscal y denunció que se aplicaron mecanismos coercitivos e irregulares para obtener la muestra genética de una persona que “no está imputada en ninguna causa”.

“Ella no estaba obligada a aportar el ADN”, afirmó el ex fiscal nacional, quien sostuvo que la medida no cumplió con estándares básicos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni por el propio Código Procesal Penal de Salta.

Según explicó, Innocence Project intervino como “amigo del tribunal” y designó un perito para controlar la regularidad de la prueba. “La Corte Suprema ya fijó hace años criterios muy claros sobre extracción de ADN: debe justificarse la necesidad, existir control judicial, respetarse la proporcionalidad y evitar cualquier forma de violencia institucional”, remarcó.

Garrido fue especialmente crítico con el operativo realizado días atrás y lo definió como “un penoso espectáculo”. Incluso recordó que la propia Corte Suprema, en un fallo vinculado a causas de lesa humanidad y apropiación de menores, ya había advertido sobre la gravedad de trasladar por la fuerza a una persona para obtener muestras biológicas.

“La Corte habló hace 17 años de un ‘penoso espectáculo’. Lo del viernes fue exactamente eso”, sostuvo.

El abogado también cuestionó que, según su interpretación, no se evaluaron alternativas menos invasivas para realizar la medida, pese a que el artículo 240 del nuevo Código Procesal Penal de Salta establece límites claros sobre el uso de coerción cuando se trata de personas no imputadas.

Además de las críticas al procedimiento, Garrido apuntó contra lo que consideró una escalada de persecución judicial alrededor del caso. Denunció la apertura de causas penales contra abogados defensores y cuestionó el secuestro de elementos de trabajo de periodistas que cubrieron el operativo.

“Es insólito que se persiga penalmente a abogados por ejercer la defensa en juicio. Y también es gravísimo que se secuestre el micrófono de periodistas. Los periodistas están siendo perseguidos”, advirtió.

La presencia de Innocence Project Argentina en Salta agrega una nueva dimensión institucional y política a una causa que ya venía generando controversia pública, no sólo por las denuncias contra Vera, sino también por las críticas crecientes hacia el accionar judicial y el trato hacia quienes intervienen en el expediente.