Proponen prohibir que los funcionarios usen los aviones del Estado

Un proyecto de ley busca que las aeronaves de Salta se afecten exclusivamente a emergencias de salud y seguridad. La iniciativa prohíbe el traslado de funcionarios nacionales, provinciales o municipales, obligándolos a viajar en aerolíneas comerciales. "Austeridad republicana o privilegios de casta", el debate que se viene en la Legislatura.

En la provincia donde el ajuste golpea con fuerza pero el avión oficial nunca descansa, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de ley que promete levantar polvareda en los pasillos de la Legislatura. La iniciativa, firmada por los diputados Franco Lastra, Eduardo Virgili, Alejandro Esper y otros seis legisladores del bloque, propone establecer por ley las funciones específicas de las aeronaves provinciales y, lo que es más polémico para el oficialismo: prohibir su uso para trasladar a funcionarios públicos.

El objeto del proyecto es claro: garantizar que los bienes del Estado, que tienen un costo operativo altísimo, estén afectados únicamente a situaciones donde corra riesgo la vida o la salud de las personas. Según la fundamentación, la preservación de la vida es la finalidad primordial, y para ello se deben maximizar los esfuerzos económicos, dejando de lado los viajes "de gestión" que bien podrían resolverse con un pasaje de línea.

El proyecto sostiene que el traslado de empleados y funcionarios por cuestiones de trabajo debe realizarse a través de mecanismos menos onerosos, como la compra de pasajes en aerolíneas comerciales. "Esta modalidad es la que mejor se adecúa al principio de austeridad republicana", señalan los legisladores libertarios, apuntando al corazón de una práctica que en Salta parece haberse naturalizado: el uso discrecional del avión oficial para vuelos que nada tienen que ver con la salud.

Pese a la importancia del debate sobre el gasto público, el proyecto aún no cuenta con dictámenes de las comisiones de Asuntos Municipales y Transporte, Hacienda y Presupuesto, ni de Legislación General. En una Legislatura que suele ser una "escribanía" del Ejecutivo, el miedo al "cajoneo" es real..