Pettovello avanza contra la economía popular y crece la tensión en los barrios

La ministra de Capital Humano anunció la quita del salario social a trabajadores de la economía popular y volvió a poner en la mira a cooperativas, comedores y organizaciones comunitarias. La medida impacta de lleno en uno de los sectores más golpeados por el ajuste.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a encender la conflictividad social al anunciar que quitará el salario social complementario a trabajadores de la economía popular, beneficio que hoy ronda los 78 mil pesos y alcanza a miles de personas que sostienen tareas en comedores, merenderos, cooperativas textiles, obras comunitarias y espacios de contención barrial. La decisión representa un nuevo golpe sobre uno de los sectores más castigados por la crisis y el ajuste.

El recorte no llega en el vacío. Durante los últimos dos años, el Gobierno nacional construyó un discurso de permanente estigmatización sobre quienes integran el ex Potenciar Trabajo, a quienes muchas veces presentó como “fantasmas” o beneficiarios sin contraprestación real. Sin embargo, detrás de esos ingresos de subsistencia hay sobre todo mujeres que sostienen comedores en los barrios, trabajadoras textiles que lograron escapar de condiciones de explotación y miles de personas que encontraron en la organización comunitaria una salida precaria pero concreta frente a la exclusión.

La ofensiva oficial también incluye el desmantelamiento de cooperativas y organizaciones territoriales, una decisión que no sólo implica quitar ingresos sino también debilitar redes sociales que, con enormes limitaciones, cumplen funciones que el propio Estado abandona. Allí donde se retira el trabajo comunitario, no aparece la libertad prometida: aparece el vacío, la desesperación y, muchas veces, el avance de economías ilegales que crecen al calor de la desocupación y la ausencia estatal.

En ese marco, el ajuste de Pettovello no puede leerse sólo como una medida administrativa. Es una definición política: recortar sobre los de abajo mientras se multiplica un aparato oficial dedicado a justificar cada retroceso con propaganda y criminalización. En una Argentina donde cierran fábricas, cae el consumo y se pulverizan los ingresos, la persecución a la economía popular expone una lógica de gobierno que castiga a quienes sobreviven como pueden, en lugar de ofrecer una salida laboral real.

La tensión, mientras tanto, sigue acumulándose en los barrios. Porque cuando se juega con el hambre, se desmantelan espacios de trabajo y se desprecia a quienes sostienen la vida cotidiana en medio de la crisis, lo que crece no es el orden sino el conflicto. Y tarde o temprano, esa bronca social encuentra su cauce.