Escándalo en las escuelas de Salta | Familias se resisten a pagar cooperadoras de hasta $100.000 para inscribir alumnos

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Salta se vio empañado por una ola de denuncias de padres que aseguran que varias escuelas públicas están exigiendo pagos "obligatorios" para matricular a los estudiantes. Según los testimonios, si las familias no abonan las sumas exigidas bajo el concepto de cooperadora o inscripción, los directivos se niegan a completar el trámite.

Los casos más graves reportados incluyen a la Escuela de Comercio Adolfo Güemes, donde una madre denunció que le exigen $60.000 por alumno tras pasar una semana haciendo fila. En la Escuela Agrícola, la situación es aún más crítica: los padres aseguran que no dejan pasar a los chicos si no pagan una "inscripción" de $100.000.

Otro foco de conflicto es la Escuela 11 de Septiembre en Santa Ana. Allí, los padres denuncian que el vicedirector condiciona la entrega del formulario de inscripción al pago de $50.000 de cooperadora. Además, denuncian que la institución se niega a recibir transferencias bancarias, exigiendo el efectivo y haciendo firmar "compromisos de pago" a quienes no llegan con el total.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación de Salta fue tajante: la cooperadora o el bono contribución son voluntarios. Ayudan al sostenimiento de la escuela, pero bajo ningún punto de vista pueden ser una condición para que un chico acceda a la educación pública. Lo único que es obligatorio por ley es el Seguro Escolar, que este año tiene valores de $5.400 para el hermano mayor y $2.700 para el menor.

Las autoridades recordaron que cualquier familia que se sienta presionada u obligada a pagar sumas por fuera del seguro escolar puede y debe realizar la denuncia formal en el Ministerio de Educación. La educación en establecimientos estatales debe ser gratuita y el derecho a la matrícula no puede estar sujeto a la capacidad de pago de los padres.

La Ley de Cooperadoras en Salta: el corazón del mantenimiento escolar

En Salta, las cooperadoras escolares se rigen por un marco normativo que busca regularizar su funcionamiento y proteger el derecho a la educación gratuita. Recientemente, se impulsó una ley provincial (promovida en la Legislatura) para formalizar estas asociaciones y clarificar su rol.

El principio fundamental de esta normativa es la gratuidad: la educación pública es un derecho constitucional y, por lo tanto, el aporte a la cooperadora nunca puede ser una condición para inscribir a un alumno. Es una contribución voluntaria que no debe confundirse con un arancel.

Sin embargo, la importancia de las cooperadoras es vital para el día a día de las instituciones. Son el motor que permite resolver urgencias que los fondos estatales a veces no cubren a tiempo: desde la compra de tizas y borradores, hasta el arreglo de una canilla rota o el mantenimiento de los ventiladores.

Al ser gestionadas por los propios padres y vecinos, las cooperadoras fortalecen el vínculo entre la escuela y la comunidad, garantizando que los chicos tengan condiciones dignas de aprendizaje y que cada peso invertido vuelva en mejoras directas para el edificio y los proyectos pedagógicos.