“Merecen la pena de muerte”: la querella endurece el tono en la causa federal por una red de trata en Salta

La abogada Sandra Domene aseguró que los imputados son “irrecuperables” y reclamó “cuidar al fiscal” por el alcance de la investigación. La causa tiene 33 menores identificadas como víctimas, pero en Cámara Gesell habrían surgido menciones a otras que aún no fueron individualizadas. La Justicia Federal amplió imputaciones a 9 sospechosos y prorrogó la pesquisa hasta el 29 de mayo de 2026.

La causa federal que investiga una presunta red de trata y abuso sexual de menores en Salta volvió a escalar en tensión pública tras declaraciones de la abogada querellante Sandra Domene, representante legal de una de las víctimas. Con una frase extrema —“merecen la pena de muerte”— la letrada describió como “irrecuperables” a los imputados y sostuvo que lo que emerge del expediente “es un horror”.

Domene aseguró que, a medida que avanzan pericias y testimonios, la investigación revela “una barbaridad de cosas” en los teléfonos secuestrados y que el cuadro de situación muestra “un grado de perversión que roza lo inhumano”. También agregó un dato que, de confirmarse en sede judicial, ampliaría el universo de damnificadas: aunque 33 menores ya están incorporadas como víctimas, en declaraciones en Cámara Gesell habrían aparecido referencias a otras aún no identificadas.

En ese contexto, la abogada pidió “cuidar al fiscal”, un reclamo que suele leerse en clave de presión y disputa alrededor de causas sensibles: no sólo por la gravedad de los delitos investigados, sino por el poder económico y las redes sociales que —según la propia querella— podrían orbitar alrededor de los acusados.

Quiénes investigan y qué resolvió el juzgado

De acuerdo con lo informado desde la Justicia Federal (en diciembre del año pasado), la investigación está a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual. En paralelo, el Juzgado Federal de Garantías N°1, a cargo de Julio Bavio, hizo lugar al pedido de ampliación de imputación penal para nueve sospechosos y autorizó la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.

Domene respaldó el desempeño de los funcionarios judiciales: “No me puedo quejar de cómo se está moviendo el Tribunal y la fiscalía federal, es majestuoso el trabajo”, afirmó, dejando entrever una estrategia de la querella: blindar públicamente el proceso y, a la vez, sostener un relato de avance sostenido frente a un delito que suele toparse con silencios, miedo y presiones.

Un “mundo mágico” y hoteles lujosos: el modus operandi bajo la lupa

Según el tramo reconstruido por la querella, el supuesto esquema operaba con un patrón reiterado: captación de menores, en algunos casos a la salida de la escuela, y traslado a departamentos u hoteles donde se concretaban abusos sexuales a cambio de dinero.

Domene describió una lógica de cosificación: “Para ellos eran objetos. Les decían que las invitaban a un mundo mágico”. Además, subrayó un elemento que agrega una dimensión social y política al caso: el presunto alto poder adquisitivo de los imputados, con menciones a estadías en “hoteles lujosos” y a personas que “residen a 200 km de Salta”.

La frase de la “pena de muerte” y el borde del debate público

El impacto de la declaración “merecen la pena de muerte”, corre el eje hacia una zona delicada. En Argentina no existe la pena de muerte en el sistema penal para delitos comunes, y el derecho interno e internacional vigente sostiene estándares de debido proceso y prohibición de penas crueles. En términos políticos, expresiones de ese tenor suelen funcionar como un termómetro social del hartazgo, pero también como un riesgo: convertir una investigación en un campo de batalla emocional donde se erosionan garantías básicas.

Dicho esto, la contundencia de la querella deja una señal clara: la estrategia apunta a sostener el caso en agenda, exigir velocidad procesal y evitar que, por peso social o económico, el expediente se enfríe.

Qué viene ahora

Con la prórroga hasta el 29 de mayo de 2026, el tramo que sigue será decisivo: nuevas pericias sobre dispositivos, ampliación de testimoniales, posibles medidas sobre movimientos, traslados y alojamiento, y la eventual identificación de más víctimas a partir de las entrevistas en Cámara Gesell.

Mientras tanto, la causa avanza con una advertencia que excede el expediente: si se comprueba el mecanismo denunciado —captación de menores, abuso y pago—, no se trata sólo de un caso policial. Es un espejo incómodo sobre fallas de prevención, entornos vulnerables y la capacidad del sistema para proteger a niñas y adolescentes cuando el delito se camufla detrás de recursos, promesas y “mundos mágicos”.

Nota de criterio judicial: los mencionados en la investigación se encuentran imputados/sospechados, por lo que corresponde la presunción de inocencia hasta una sentencia firme.