Sáenz le marca a Nación el costo del diálogo: obras a cambio de respaldo político

Las declaraciones del ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, en el programa Agenda Abierta, sobre la reunión entre el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro del Interior Diego Santilli dejaron al descubierto una negociación política de mayor profundidad que la que admite el discurso oficial. Lejos de un enfrentamiento frontal, el mensaje del mandatario salteño parece apuntar a algo más preciso: el diálogo con Nación tiene un límite y ese límite se mide en hechos concretos.

Cuando Jarsún afirma que Sáenz planteó que esta es “la última oportunidad” para que el Gobierno nacional cumpla los convenios firmados, no está anunciando una ruptura, sino redefiniendo las condiciones del intercambio político. La frase “te colaboro, pero necesito un gesto del otro lado” funciona como una clave explícita del momento: la colaboración existe, pero no es gratuita.

¿Qué tiene Sáenz para ofrecer?

En un Congreso fragmentado y con reformas estructurales en debate, los votos importan. Y Salta, como otras provincias “dialoguistas”, cuenta con un bloque de legisladores nacionales que ha mostrado predisposición a acompañar iniciativas del Ejecutivo nacional. En ese contexto, Jarsún dejó una pista difícil de ignorar al señalar que “es importante hablar con cada legislador nacional”, una mención que corre el eje del plano administrativo al político-parlamentario.

La lectura es evidente: el respaldo legislativo aparece como la principal ficha de negociación que tiene el gobernador. Acompañar reformas, garantizar gobernabilidad o facilitar mayorías puede ser parte del “te colaboro” que menciona el ministro. Del otro lado, Nación debería cumplir lo firmado y reactivar recursos comprometidos para obras.

La obra pública como moneda de cambio

Jarsún insistió en que Salta figura entre las provincias más beneficiadas en materia de obra pública nacional, aunque el propio relato deja en claro que muchos de esos anuncios no se tradujeron en desembolsos reales. La paradoja se profundiza cuando la Provincia debe salir a financiar obras nacionales, como la Ruta 51, con créditos internacionales.

En ese esquema aparece el Fonplata como una salida política y financiera. El programa de integración territorial presentado por el ministro Roberto Dib Ashur prevé una inversión de 100 millones de dólares, con 20 años de plazo y cinco de ejecución, destinada a infraestructura estratégica que Nación no está ejecutando. No se trata solo de rutas: es una apuesta al perfil logístico de Salta como nexo entre el Atlántico y el Pacífico.

Ni ruptura ni sumisión: negociación

El mensaje que emerge de las declaraciones de Jarsún es claro: Sáenz no rompe con Nación, pero tampoco acompaña a ciegas. La “última oportunidad” no suena a amenaza, sino a advertencia política. Si los convenios no se cumplen, el costo no será discursivo, sino legislativo.

En tiempos de ajuste y reformas, Salta recuerda que el federalismo también se juega en el Congreso. Y que, sin obras, el diálogo tiene un precio.