En mayo habia sido reelecto: López podría asumir su banca en diciembre

El presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ha echado un balde de agua fría sobre el proceso de sanción contra el concejal Pablo López, al aclarar que cualquier castigo —incluida la expulsión— solo afectaría su mandato actual. El acusado había logrado la reelección en mayo de este año con más de 80 mil votantes.

Madile explicó que la autoridad del Concejo Deliberante se limita a juzgar y sancionar las conductas que ocurren durante el mandato en curso. De esta manera, si bien una sanción lo apartaría de su cargo actual por las denuncias en su contra, no lo inhabilitaría para postularse en futuras elecciones y/o asumir. Tras las elecciones provinciales de mayo, López había arrasado en las urnas por lo que había logrado la reelección en el Concejo Deliberante.

Esta interpretación de la normativa local no es un simple tecnicismo, sino la evidencia de la profunda debilidad del sistema institucional. La recomendación de expulsión, basada en la “inmoralidad o falta de moralidad sobreviniente” del Artículo 19 de la Carta Municipal, se devela como un castigo a medias, un acto de simulación política que purga a un individuo del cargo presente, pero le deja la puerta abierta para volver a postularse.

El Concejo Deliberante, que intentó presentarse como un baluarte contra la corrupción moral, ahora confirma que su poder es un mero parche que no garantiza la idoneidad ni la ética en el servicio público a largo plazo. Lo que Madile ha revelado no es solo una limitación legal, sino un agujero negro en la democria. 

Esto no solo es un insulto a la víctima y a todas las mujeres que luchan contra la violencia de género, sino que subraya la imperiosa necesidad de una reforma legislativa que establezca mecanismos reales de inhabilitación. El debate sobre el caso López deja de ser una cuestión personal para convertirse en una denuncia colectiva sobre un sistema que parece más preocupado por proteger sus propias fallas que por garantizar la moralidad de sus representantes.

La ciudadanía deberá afilar el criterio en las próximas elecciones y tomar la iniciativa de informarse sobre los candidatos a quienes podrá votar. Modificar la normativa vigente requiere un arduo trabajo por parte de ediles actuales y problemente de los que vendrán, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Esta situación es un puntapié para que los cuestionamientos se conviertan en cambios para el bienestar de la sociedad toda.