Graves irregularidades en obras públicas: imputan a funcionarios municipales y empresarios

La Justicia investiga posibles maniobras fraudulentas con certificados falsos y pagos por trabajos no realizados. La remodelación de la Plaza 9 de Julio figura entre los casos denunciados.

La Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) imputó a varios funcionarios de la Municipalidad de Salta y a empresarios de la construcción por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas, entre ellas, la controvertida remodelación de la Plaza 9 de Julio.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la fiscal subrogante Ana Inés Salinas Odorisio formuló cargos provisionales contra una inspectora de obras de la Secretaría de Obras Públicas, dos socios de una empresa constructora y su representante técnico. Todos fueron acusados como coautores de los delitos de falsedad ideológica de documento público y fraude a la administración pública en al menos seis hechos.

Además, la causa incluye a un exsecretario Legal y Técnico del municipio, imputado por encubrimiento por omisión de denuncia. El exfuncionario optó por ejercer su propia defensa durante la audiencia, mientras que el resto de los acusados estuvo asistido por abogados particulares.

También fueron citados a declarar un exsubsecretario de Obras Públicas y otra inspectora municipal, quienes solicitaron una prórroga y deberán presentarse en una nueva audiencia.

La investigación se inició a raíz de una denuncia del Procurador General de la Municipalidad, quien detectó, a fines de 2023, un expediente con serias irregularidades: se habrían certificado avances de obra inexistentes para adelantar pagos sin cumplir los procedimientos administrativos legales. Entre los proyectos bajo la lupa se encuentra la emblemática remodelación de la Plaza 9 de Julio, cuya ejecución habría sido usada como justificativo para acelerar pagos y sortear licitaciones.

Según la investigación, los certificados de avance de obra –firmados por inspectoras municipales y el representante técnico de la empresa– contenían información falsa, inflando el porcentaje de ejecución real. Estos documentos habrían sido utilizados para justificar pagos indebidos que ocasionaron un perjuicio económico al municipio. La maniobra, afirman desde UDEC, se habría repetido en al menos seis obras públicas diferentes.

Los investigadores sostienen que los implicados actuaron en conjunto pero cumpliendo distintos roles: los empresarios como responsables de la ejecución, el técnico como firmante de los certificados, las inspectoras como garantes del avance de obra y el exsubsecretario como intermediario para validar los pagos ante autoridades superiores.

Respecto del exsecretario Legal y Técnico, la fiscal sostuvo que podría haber conocido el contenido del expediente con las irregularidades, sin haberlas denunciado oportunamente, lo que constituiría encubrimiento.

Desde el área de prensa del Ministerio Público Fiscal informaron que, por el momento, no se brindarán detalles sobre las identidades de las personas involucradas, dado que la causa continúa en etapa de investigación.

Mientras esta avanza, desde la Fiscalía no descartan nuevas imputaciones. El caso, que pone en tela de juicio la transparencia de la gestión de obras públicas, reaviva el debate sobre los mecanismos de control en la administración municipal.