Milei busca nombrar jueces por decreto pasando por encima del Senado

Luego del escándalo internacional por la estafa de la que al parecer fue cómplice, Milei tomó la determinación de pasar por encima al Senado y nombrar por decreto a dos jueces “en comisión” en la Corte Suprema de Justicia. 

El Presidente anunció que firmó un decreto para nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal. En la Casa Rosada no desechan la idea de conseguir en algún momento del año el aval del Senado.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, dijo que no descartan acudir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, a los tribunales. .

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su lado, sostuvo que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Constitución.

El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavedra lo calificó como un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial.

Desde temprano, se había instalado la versión de que Milei iba a firmar un decreto para completar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema desde que se jubilaron Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). La confirmación llegó a las 17.16 a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros”, escribieron desde la Casa Rosada –desconociendo que la Corte ya funcionó con tres integrantes cuando Carlos Fayt decidió retirarse en diciembre de 2015.

La administración de La Libertad Avanza (LLA) se ampara en el que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El mismo atajo ya había sido sugerido por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a Macri en los primeros días de su gobierno para evitarse el trámite en el Senado.

El otro argumento que invoca el Gobierno es que el Senado se mantuvo en silencio después de que la Casa Rosada cumplimentara todos los pasos para conseguir el aval de la Cámara alta desde que el 20 de marzo postuló a Lijo y García Mansilla, quienes fueron a defender sus pliegos en agosto a la comisión de Acuerdos.

A su vez, indicaron que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas", sin tomar en cuenta que el cargo que ocupa, la presidencia, al igual que el Congreso son el Poder Político del Estado.

Con grandilocuencia, desde la Oficina del Presidente, advirtieron que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia” e informaron que continuarán con el trámite legislativo para intentar que ambos juristas consigan el aval del Senado.

Esa alternativa se encuentra con un escollo. Para ser nombrado juez de la Corte se necesitan dos tercios del Senado. UxP tiene 34 de los 72 senadores, lo que implica que puede bloquear cualquier designación.

El 26 de noviembre pasado, los integrantes del interbloque que preside José Mayans hicieron saber que habían asumido un compromiso público de “impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado en comisión” porque lo consideraban manifiestamente inconstitucional y “una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal”.

La decisión fue refrendada este martes a través de un comunicado en el que la bancada denunció que “una vez más el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”.

En la interpretación de muchos legislas, cuando la Constitución habla de “empleos” que pueden ser cubiertos durante el receso del Congreso se refiere a los diplomáticos y militares que también requieren el acuerdo del Senado.