Salta: El Gobierno intenta allanar el camino a la represión y cercar a la prensa

Las intenciones son claras: despejar violentamente los reclamos de falta de agua, luz, trabajo y alimentos pero sin que tenga costo político. Por eso, intentaron presionar a fiscales federales para que sean ellos quienes carguen con el costo que significa reprimir. Pero rápido de reflejos, el fiscal federal Eduardo Villalba afirmó no estar en condiciones de "emplear la fuerza".

El protocolo para despeje de rutas del gobierno de Salta generó también la rápida reacción de las y los trabajadores de prensa nucleados en SiPrenSal y APeS, Sindicato de Prensa de Salta y Asociación de Periodistas de Salta, respectivamente.

SiPrenSal emitió un comunicado en donde resaltan que, además de dar legalidad a acciones que criminalizan las protestas, condicionan el trabajo periodístico en coberturas de este tipo aduciendo que no se podrá "obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad ni interferir en el desarrollo de los hechos".

Es decir, que si un o una periodista o fotoperiodista observa que policías varones arrastran y pegan a mujeres, como ya sucedió en varias oportunidades, no pueden intervenir y ser atónitos testigos. Una aberración dictatorial.

APeS, por su parte, repudió el nuevo intento de atropello y ataque al ejercicio del periodismo en Salta y exigieron que se revea el Protocolo y deje sin efecto los capítulos IV y V del ANEXO e insistieron con "viejas solicitudes efectuadas en reuniones presenciales que mantuvimos con el Gobernador Sáenz", donde exigieron en reiteradas oportunidades el atropello y la obstaculización constante de las fuerzas de seguridad para desarrollar la labor periodística.

La gorra y el palo son del ministro

En el intento de allanar el camino a la represión ante la crisis social que atraviesa Salta, los cambios continúan sucediéndose, porque ahora la policía a depender del ex juez Marcelo Domínguez que se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad.

Además determinaron suprimir la sub- secretaría “Sistema de Emergencias 9-1-1” y trasladar de Dirección General “Sistema de Emergencias 9-1-1” con dependencia de la Coordinación General del Ministerio de Seguridad y Justicia.