Por la crisis social, Sáenz acude a la fiscalía federal

La situación en el norte de Salta se hace cada vez más insostenible para el Gobierno de la provincia que reunió, en un intento desesperado, a fiscales, al procurador y al ministro de seguridad que todavía no sabe para dónde ir. El objetivo es claro: preparar el terreno para criminalizar las protestas.

30/01/2023 Redacción
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Según publicó la web del gobierno de Salta, "el gobernador arbitrará" mecanismos para garantizar la circulación ante los cortes de ruta" que se producen en el norte de Salta por problemas que llevan décadas y solo necesitan de voluntad política para solucionarlos.

Es por eso que el gobernador se reunió con el Procurador García Castiella, el Fiscal Federal Eduardo Villalba, el fiscal de estado Agustín Pérez Alsina y el ministro de seguridad Marcelo Domínguez. En este marco Sáenz dijo que “se debe garantizar el derecho a la protesta sin afectar la libre circulación”.

Lejos de reflexionar sobre las potables soluciones que desde el gobierno podrían dar para que se terminen los cortes que son consecuencia de la falta de agua y en contra de los tarifazos y apagones de luz, los funcionarios decidieron argumentar que por culpa de los mismos existe "el riesgo del transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas".

Las necesidades de los salteños del norte son ignoradas por quienes representan a la justicia que deberían atuar de oficio ante la inacción del gobierno del cual son parte, pero deciden apuntar contra los de abajo en vez de arriba.

En esa reunión se habló de que la Provincia y el Ministerio Público de la Nación, "consensuarán un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas", pero no detallaron cuál será ese protocolo.

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