La situación en el norte de Salta se hace cada vez más insostenible para el Gobierno de la provincia que reunió, en un intento desesperado, a fiscales, al procurador y al ministro de seguridad que todavía no sabe para dónde ir. El objetivo es claro: preparar el terreno para criminalizar las protestas.
Política 30/01/2023 Redacción
Según publicó la web del gobierno de Salta, "el gobernador arbitrará" mecanismos para garantizar la circulación ante los cortes de ruta" que se producen en el norte de Salta por problemas que llevan décadas y solo necesitan de voluntad política para solucionarlos.
Es por eso que el gobernador se reunió con el Procurador García Castiella, el Fiscal Federal Eduardo Villalba, el fiscal de estado Agustín Pérez Alsina y el ministro de seguridad Marcelo Domínguez. En este marco Sáenz dijo que “se debe garantizar el derecho a la protesta sin afectar la libre circulación”.
Lejos de reflexionar sobre las potables soluciones que desde el gobierno podrían dar para que se terminen los cortes que son consecuencia de la falta de agua y en contra de los tarifazos y apagones de luz, los funcionarios decidieron argumentar que por culpa de los mismos existe "el riesgo del transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas".
Las necesidades de los salteños del norte son ignoradas por quienes representan a la justicia que deberían atuar de oficio ante la inacción del gobierno del cual son parte, pero deciden apuntar contra los de abajo en vez de arriba.
En esa reunión se habló de que la Provincia y el Ministerio Público de la Nación, "consensuarán un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas", pero no detallaron cuál será ese protocolo.
Aunque la alianza Sáenz-Romero sufrió sus tropezones, sin mucha opción por delante, se relanzó el pacto oficialista. La aparición de un tercero con muchas posibilidades tensó el ambiente. “Apoyo a todos, no hay exclusividad para nadie”, dijo Sáenz, que dejó librado el camino a la voluntad popular, mostrando gestos con Bettina, pero muchos más con Durand.
Lo expresó el diputado provincial Daniel Sansone en referencia a los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones del 14 de mayo. Analizó que “después del cierre de frentes veo estas elecciones con muy poca esperanza de cambio”.
Gustavo Sáenz y Bettina Romero defendieron la gestión de los últimos tres años y le imprimieron una visión electoral apostando a la reelección, anunciando propuestas a futuro y mostrándose efusivos frente a la sociedad; que aunque la rendición de cuentas se piensa en base al pueblo, no queda dudas que fueron discursos que solo escuchó la política. Romero apostó a mostrarse más dura y Sáenz más emocional; pero ambos demagógicos y reafirmando candidaturas.
Con un PV que aún no define la estrategia del kirchnerismo salteño, son cada vez más los dirigentes del Frente de Todos que se suman a las filas del saencismo apostando a la reelección del gobernador. El PJ local busca alinearse al nacional, que preside el propio Alberto Fernández, quien pretende encolumnar la tropa para los comicios de octubre. Gustavo Solís y Gonzalo Quilodrán son los primeros en habilitar el pase de cambio. El PJ salteño se alineó para en mayo ir con Sáenz y en octubre, con el Frente de Todos.
El abogado Oscar Guillén respondió a las declaraciones del Procurador General, Pedro García Castiella, que ratificó que las noticias falsas no son delito y que el Ministerio Público Fiscal "no puede ser policía de las opiniones". El letrado consideró que el mensaje del jefe de una institución acusatoria debería haber ido en sentido contrario al expresado porque, además de que a través de las mismas se pulverizan reputaciones y afectan el honor, sirven para cometer delitos tipificados.
El diputado nacional y presidente del partido Ahora Patria presentó ante Pedro García Castiella la situación que atraviesa respecto a campaña sucia y noticias falsas en su contra desde la presentación del Frente opositor para las elecciones provinciales de este 14 de mayo. El objetivo es dilucidar si estas campañas son financiadas con fondos públicos ya que existen sospechas al respecto.
El gobernador de Salta se mostró efusivo recientemente al intentar apuntar y disparar, por elevación, a candidatos opositores que son diputados nacionales y le están disputando el electorado de cara a las elecciones de este 14 de mayo. Las contradicciones de Gustavo son cada vez más vergonzosas.
Las presidentas y los presidentes de colegios profesionales que trabajan en salud pública presentaron una carta abierta y pidieron la intervención del gobernador.
Tras conocerse que médicos cobraron un primer bono de $60 mil pesos, los profesionales no médicos que forman parte de los equipos de salud, convocan a una asamblea este viernes a las 18 en el anfiteatro Cuchi Leguizamón del parque San Martín.
El Colegio de Odontólogos de Salta envió una nota al ministro de Salud, Federico Mangione, pidiendo que convoque a una reunión con los representantes de las entidades que agrupan a odontólogos y se desempeñan en salud pública, copia del instrumento por el cual otorgaron el bono o aumento exclusivo para médicos y revea cualquier medida discriminatoria e incluya a todos los profesionales de los equipos de salud en las mejoras salariales.
Luego de que el ministro de Salud intentara aclarar el pago de los $60 mil, se oscureció aún más el tema ya que no hubo precisiones al respecto. Profesionales no médicos y equipos de salud, se manifiestan en las puertas de los hospitales y ahora solicitan una reunión con Sáenz y no con Mangione y convocan a las 11 de este martes en San Martín y Lavalle.
Una chofer denunció haber recibido maltrato verbal y acoso constante durante sus horas de trabajo por parte del gerente de tráfico de la empresa quien, no solo se encargó de despedirla sino que continúa amenazándola diciéndole que se va a encargar de que nunca más vuelva a trabajar en ninguna empresa del transporte urbano. La mujer solicitó que la fiscalía penal tome medidas al respecto e investigue el hecho.
Las presidentas y los presidentes de colegios profesionales que trabajan en salud pública presentaron una carta abierta y pidieron la intervención del gobernador.
