(In)Seguridad en Salta: amigos con derecha

Ni siquiera media tonelada de cocaína en un patrullero alcanzó para despedir al Ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez. El ex juez se mantiene en el cargo más allá de una imagen muy deteriorada y de un fuerte incremento de la inseguridad en toda la provincia.

Es evidente que el funcionario se robustece más en base a sus amistades políticas que a sus dotes para mejorar la seguridad de los salteños. “Marcelo como ministro es un buen amigo”, ese parece ser el ineficiente lema que lo mantiene en el gabinete, pese a que pasó hace rato su fecha de vencimiento.

Algunas versiones sostienen que esa profunda amistad nació cuando el ahora ministro ofició de juez en una causa por contaminación del rio Arenales, en días que el intendente era Gustavo Sáenz. Al parecer el resultado de ese proceso judicial fue por lo menos leve para la entonces administración capitalina.

La actual gestión del ministerio de seguridad solo podría compararse con los peores días de la administración Urtubey, cuando ministros y secretarios de seguridad, protagonizaron una de las épocas mas oscuras en materia de inseguridad e impunidad en la investigación criminal. Casos como las turistas francesas, Yanina y Luján, o Cintia Fernández, aún resuenan en las páginas negras de la historia reciente de Salta. La interferencia política en estos crímenes y su posterior impunidad, son todavía más recordados por la ciudadanía esclarecida e informada.

El tiempo de Marcelo Domínguez al frente del ministerio de seguridad comenzó con una mega estafa varias veces millonaria, encabezada por altos mandos policiales. La conocida “financiera” logró apropiarse –según detalló Pedro García Castiella, Procurador General de la Provincia- los ahorros de unos 500 policías y de otras 1000 víctimas más, en su gran mayoría empleados públicos. Este enorme desfalco terminó con una veintena de oficiales detenidos, incluidos jefes de unidad regional y divisiones importantes. Algunas de las detenciones de uniformados se dio sobre vehículos oficiales, que eran utilizados incluso para el transporte de millonarias sumas, de dinero mal habido. Tal como demostraron los secuestros millonarios en patrulleros de la policía provincial.

Este primer “hecho aislado” no pareció estremecer al ministro, puesto que mantuvo en el cargo por más de un año al jefe de policía, el mismo que no supo o no quiso detener la multimillonaria estafa que ocurría puertas adentro de las propias dependencias policiales, conocida como Ríos y Asociados. Cualquier fuerza de seguridad del mundo, ante tamaña maniobra delictiva interna, por lo menos renovaría la conducción ineficiente.

Por el contrario, en Salta no solo fueron sostenidos en el mando, sino que en marzo de 2022, la desfachatez era parte de los titulares periodísticos: "no hay policías implicados, sino damnificados" (Jefe de Policía/Miguel Ceballos/QuePasa/31Mar). La conocida historia del árbol meando al perro. Todo tan degradado, que hasta se indignaron los responsables: “el comisario general denunció por Fm Profesional una operación de desprestigio a su persona y a la institución policial, al tiempo que señaló a la supuesta lista de jefes involucrados como una información "totalmente maliciosa". En los hechos reales dos docenas de efectivos en actividad fueron detenidos y procesados, según detalló la misma prensa acrítica. Nada logró ablandar los encallecidos rostros del ministro y el largo brazo de la ley.

Posteriormente, Marcelo Domínguez también sobrevivió a la oleada de robos y hechos delictivos registrados en el interior de la provincia, destacándose el departamento San Martín con más de 500 denuncias por abigeato (robo rural) en apenas media campaña agrícola. Algunos de robos fueron por cifras considerables en agroquímicos y maquinaria, alcanzando incluso los 60 millones de pesos, a valores actuales. Para salvar la ropa y sobre todo el cargo, el funcionario envió una comitiva al norte, para realizar las conocidas reuniones donde nunca pasa nada, pero se calma temporalmente a la monada.

Tampoco las reiteradas fugas de sicarios vinculados al narcotráfico (el ultimo Lino Moreno en 08/23), parece ser parte de sus responsabilidades, aunque el Servicio Penitenciario de Salta permanece en su órbita. Tan llamativa es la supervivencia del funcionario que en apenas un lustro de gobierno, las rutas de Salta se convirtieron en el tendal de crímenes mafiosos donde hombres y mujeres son decapitados y arrojados maniatados en clara advertencia narco. Si hasta funcionarios provinciales fueron asesinados a balazos, para luego ser descartados en plena capital. Uno a uno los crímenes adquieren perfiles mexicanos antes desconocidos en la provincia. Nada parece inmutar al ministro y el desconocido origen de su poder. Al igual que en la gestión anterior, el avance del crimen organizado, se presenta como un tema ajeno a la provincia, para circunscribirse en “los problemas de frontera”.

De mas está decir, que tampoco reacciona ante la creciente inseguridad en el centro y los barrios de Salta. Solo basta con seguir las informaciones policiales de los últimos meses, donde se denota –incluso con esas noticias acotadas- un desamparo alarmante de la población. Estudiantes asaltados a plena luz del día en calle caseros, adolescentes violadas mientras concurren a la escuela en Barrio Autódromo, todo ocurre ante la vista de la fuerza conducida por el ex juez.  Nada hace mella hasta aquí en una gestión claramente alejada del compromiso y la eficiencia.

Como resultado, la sociedad salteña, asiste al avance de los malhechores, que en forma impune ingresan a viviendas en las que antes solo robaban ante la ausencia de los moradores. Ni siquiera la masacre vial de avenida Paraguay logró llamar a la reflexión a las autoridades políticas. Para muchos se hizo evidente que a falta de controles viales y el caótico tránsito también son responsabilidad de la policía a cargo de Domínguez. Para muchos se hizo evidente, pero no para los habitantes del Grand Bourg. Tampoco las tragedias viales con animales sueltos en las rutas aparecen en su lista de funciones y responsabilidades.

Ahora incluso el tráfico de drogas por cantidades mayoristas en móviles policiales (TN/11/07/24), sumando por lo menos un cargamento valuado en u$s 4.200.000 (6.300.000.000- seis mil trescientos millones de pesos), pretende ser presentado como solo una anécdota en la inexplicable gestión de un ministro de seguridad, que lejos se encuentra de los cánones mínimos de eficiencia a la hora de ser evaluado.

Pese a todo, Marcelo Domínguez,  es sostenido en el cargo aunque genere pérdida de imagen y poder político.