Las voces contra los vínculos peligrosos entre el oficialismo y aquellas personas juzgadas por el terrorismo de estado se hacen oír.
Luego de que el juez Alejando Slokar le solicite a la ministra de seguridad de la nación detalles de la visita que realizaron los diputados Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro junto a las diputadas Arrieta Lourdes, Ferreyra Alida, Ataujo María Fernanda y Bonacci Rocío; las voces que reclaman explicaciones se comienzan a hacer oír.
Una de esas voces es la del abogado especialista en derechos humanos Dr. Martín Plaza quien afirmó que la visita realizada a genocidas es motivo de expulsión de la cámara de diputados de la nación. Dejando de lado los discursos que minimizan este hecho que según su opinión es “aberrante” pues la visita no es a una persona común privada de su libertad.
"Deben ser expulsados"
El abogado militante de los Derechos Humanos, Martín Plaza, recordó que Astiz y el resto de genocidas que recibieron la visita de los diputados libertarios, “fueron coroneles de la alta jerarquía que cometieron hechos de tortura, de desaparición de personas, y por lo tanto, este hecho no solamente implica una reivindicación del terrorismo de Estado sino que es un hecho que lesiona la calidez institucional y democrática de la Argentina por tiene que ser investigado y sancionado por la misma Cámara”.
Agregó que "es un hecho que amerita la declaración de inhabilidad moral que establece la Constitución Nacional por el cual estos diputados tienen que ser expulsados de sus cargos en virtud de que no son inhábiles moralmente por el hecho que cometieron".
Por último, no dudó en vincular el grave hecho con el Gobierno Nacional. "Tienen una postura clara respecto al terrorismo de Estado y es la reivindicación del mismo y que eso claramente también es un retroceso importantísimo para nuestra democracia y para nuestro país".
En consonancia con lo expuesto por el abogado Martín Plaza, el Colectivo Mario Bosch de Abogadas y Abogados solicitó al Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, un pedido de información pública sobre estas visitas y además solicitaron a remoción del cargo de los diputados. Al igual que Martín Plaza, afirman que este hecho consagra la “inhabilidad moral” para el correcto desempeño del cargo que ostentan. Pablo Llonto, quien forma parte de este Colectivo, afirmó que “nuestra democracia no puede ni debe tolerar que un grupo de diputados elogie asesinos, torturadores y golpistas con total descaro”.
Cristina Cobos, actual miembro del Comité de Prevención de la Tortura de Salta, habló sobre el peligro que representa la reivindicación del Terrorismo de Estado por parte de la actual Vicepresidenta de la Nación. Recordó a la ciudadanía que los crimines cometidos en este tiempo oscuro de nuestra historia aún están siendo investigados y juzgados, y que en la provincia de Salta ya se han logrado “17 juicios de los cuales ya hay 28 condenados”.
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