Una reactivación de la obra pública confusa

Los recientes anuncios referidos a la obra pública plantea interrogantes sobre cómo se financiará la Provincia para hacerse cargo. 

Para llevar a cabo estas obras parece difuso y no ha quedado claro con la intervención del ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, quien informó sobre los convenios firmados entre el gobernador Gustavo Sáenz y funcionarios nacionales para reactivar la obra pública en Salta. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se manejarán estos recursos y quién será responsable de su ejecución, especialmente considerando la paralización de trabajos previamente acordados con la provincia por parte de la administración central en diciembre pasado.

Una de las principales inquietudes radica en la necesidad de pedir permiso para realizar obras que, en teoría, contarían con financiamiento local. ¿Por qué debería requerirse autorización si los fondos son proporcionados por el Estado salteño?

El convenio con la Secretaría de Obras Públicas establece que el financiamiento de trabajos de envergadura, como las rutas y las plantas depuradoras, estará a cargo de la Nación. Sin embargo, también se menciona que la provincia se hará cargo de obras con fondos propios y de aquellas que estaban bajo responsabilidad municipal y que serán gradualmente incorporadas al presupuesto provincial.

Además, en el ámbito de viviendas, se plantea la cesión de la finalización de casas al Gobierno salteño, aunque se destaca que el dinero invertido hasta el momento por el Gobierno Nacional permanecerá en la provincia para reinversión y funcionamiento del Instituto Provincial de la Vivienda, pero no queda claro quien pagara aquí en la provincia estas millonarias inversiones. 

Lo cierto es que solamente las obras en rutas que estaban en ejecución como la 9/34, los tramos de la ruta 51, el puente de Vaqueros y su circunvalación y la Ciudad Judicial de Orán, contarían con dinero de la casa rosada.