Sáenz y la ley anti-"piquete": Salta retrocede en derechos

Hace unas horas la ley anti-protesta contenida en el expediente N° 91-45919/22 obtuvo la media sanción que necesitaba para ser ley. Legisladores del oficialismo argumentaron que tiene la finalidad de regular y "armonizar" el derecho a la protesta y garantiza la circulación en los espacios públicos de los salteños. Sin embargo, estos argumentos no hacen otra cosa que disimular las intenciones reales de esta ley, que atentan contra toda expresión de protesta en defensa de los derechos laborales y civiles de los ciudadanos.

01/06/2023 Omar Silvestre
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Fotos: Juan Leandro Herrera

Con la supuesta intención de ordenar esta confrontación de derechos de protesta y de la libre circulación, en nombre de un tercero, el Gobierno de Salta buscó reforzar y ampliar las herramientas disciplinarias del Estado. En otras palabras, esta ley amplía los recursos represivos que el Ejecutivo implementa necesita para hacer disciplinar en nombre de la "paz social" que se ve afectada por la falta de agua, magros salarios, falta de elementos de trabajo, y diversos reclamos de trabajadores de la provincia.

A las apuradas y sin tratarse en comisiones ni debatir puertas adentro la ahora ley, el oficialismo apuró todos los mecanismos para que sea aprobado en las Cámaras en medio del conflicto que lo mantiene tensionado: el reclamos de docentes y personal de salud. A partir de ahora, “las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados en el artículo 1° no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos (2) horas de iniciada la protesta o manifestación y será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia”. Esto significa que habrá que informar a la policía quién reclama, cuándo, porqué y en dónde. Nadie sabe que pasará si no es del agrado de la policía o si nadie recibe la información.

Esta regulación de la protesta no hace otra cosa que asignarle una cierta soberanía de decisión represiva a las fuerzas de seguridad, todo esto en resguardo del acatamiento de las decisiones del poder “soberano” del ejecutivo. Esta ley implica un retroceso en términos de derechos humanos y un atentado contra los derechos laborales y civiles, en términos filosóficos, retornamos al poder soberano y los castigos ejemplares que se desarrollaron en la época de la Modernidad. Abriendo nuevamente la tensión entre la justicia y el derecho: ¿Toda ley es justa? ¿Que justifica la justeza de la ley? ¿Cómo garantizar el vínculo entre ley y justicia?.

En la época Moderna las fuerzas de seguridad, según Walter Benjamin, se caracterizaban de la siguiente manera: “La policía es un poder con fines jurídicos (con poder para disponer), pero también con la posibilidad de establecer para sí misma, dentro de vastos límites, tales fines (poder para ordenar). El aspecto ignominioso de esta autoridad -que es advertido por pocos sólo porque sus atribuciones en raros casos justifican las intervenciones más brutales, pero pueden operar con mayor ceguera en los sectores más indefensos y contra las personas sagaces a las que no protegen las leyes del estado consiste en que en ella se ha suprimido la división entre violencia que funda y violencia que conserva la ley”(Frag. de Hacia una crítica de la violencia, de Walter Benjamin). Todo ello en defensa y resguardo del poder soberano del poder ejecutivo.

Contextualicemos. ¿Porqué legislar una ley de este tipo en el contexto que estamos viviendo? Como primera respuesta, podríamos decir que el oficialismo recién ahora pudo conseguir el suficiente visto bueno de la mayoría de los sectores de las Cámaras pero, esto implica un problema para la democracia, ya que no hay oposición fuerte ni tampoco indicios de una disidencia crítica ante las decisiones del oficialismo.

La segunda respuesta posible iría en consonancia de las luchas sociales que actualmente estamos viviendo; los autoconvocados docentes y trabajadores de la salud ya vienen con varias semanas de plan de lucha y asambleas permanentes, entonces, la ley estaría dirigida específicamente hacia estos sectores. Pero contextualizar la ley de esta manera implicaría reducir su alcance y desconocer que ya se vienen promoviendo iniciativas con el mismo tenor, por ejemplo, el decreto provincial 91/23 del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas y que el expediente de dicha ley se oficializó en el 2018 en la cámara de Diputados.

Como tercera respuesta podríamos afirmar que esta ley intenta proporcionar herramientas sofisticadas y eficaces al poder ejecutivo para disciplinar a las protestas sociales, ya que ante el escenario de ajuste económico que estamos viviendo el poder ejecutivo tiene que neutralizar el clima de protesta social de manera inmediata.

Ni hablar de lo que se puede generar por la disputa de la extracción del litio  que actualmente está siendo explotado. Inclusive, se podría llegar a pensar que “la Salta que estamos viviendo” no es otra cosa que un laboratorio de medidas reaccionarias, se necesita medir la aceptabilidad de la mano dura ejercida por el estado, todavía  el gobierno nacional tiene que realizar los ajustes económicos más gruesos digitados por el Fondo Monetario Internacional.

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