El INTA busca exonerar a la científica Virginia Aparicio por exponer el impacto del agronegocio

El modelo agroexportador y sus brazos institucionales volvieron a dejar al descubierto la peor cara de la persecución ideológica y corporativa. La destacada ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora independiente del CONICET y del INTA, Virginia Aparicio, enfrenta un escandaloso sumario administrativo impulsado por el directorio del organismo que busca su exoneración, la pena más grave prevista para el empleo público, condenándola no sólo a la pérdida de su cargo sino a la imposibilidad de volver a desempeñarse en el Estado.

¿El verdadero "delito" de Aparicio? Haber liderado durante casi tres décadas investigaciones rigurosas sobre la presencia, movilidad y persistencia de plaguicidas en suelos, aire y agua, y haber coordinado en Argentina el capítulo local del proyecto internacional SPRINT, un estudio impulsado por la Unión Europea y la FAO que analizó el impacto de los agrotóxicos en la salud humana y ambiental.

El raid persecutorio contra la investigadora escaló de manera obscena cuando el INTA decidió sepultar los resultados del estudio SPRINT. El 15 de junio de 2023, a días de realizarse la presentación oficial de los datos en Argentina, el entonces director nacional del organismo, Carlos Parera, ordenó suspender la actividad bajo el pretexto burocrático de que los estudios excedían la incumbencia institucional. Inmediatamente después, el INTA se retiró por completo del proyecto internacional.

Lejos de mantenerse en silencio, los voluntarios que participaron de la investigación —sometidos a análisis de sangre, orina, materia fecal y dispositivos de medición ambiental— destaparon los datos que la conducción del organismo pretendía ocultar: se detectó glifosato en el 100% de las muestras fecales analizadas y altos niveles de atrazina, un agrotóxico fuertemente cuestionado y prohibido en territorio europeo.

La saña contra Virginia Aparicio expone una estructura de poder clara: el directorio del INTA está conformado por representantes de las cámaras e entidades privadas del agronegocio (como la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CONINAGRO, CRA y CREA), un entramado que en los últimos años ha impuesto una férrea censura interna, vetando el uso de conceptos clave como agroecología, cambio climático, biodiversidad y género.

Mientras el expediente en su contra la acusa absurdamente de haber ocasionado un "grave perjuicio material para la Administración Pública" —una falacia sin sustento probatorio—, la embestida busca un objetivo aleccionador: silenciar y disciplinar a toda la comunidad científica que produce conocimiento crítico capaz de incomodar a los sectores dominantes del monocultivo y visibilizar el drama sanitario que padecen los pueblos fumigados de todo el país. Ante este atropello, la resistencia se organiza: APINTA (el gremio del INTA), organizaciones científicas, ambientales y asambleas ciudadanas impulsan petitorios y movilizaciones en defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar.