Anulan la absolución de Gerala por el robo de rieles en Morillo

La Cámara Federal de Casación Penal asestó un golpe demoledor a la impunidad política en el norte provincial al anular la absolución que beneficiaba al exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Miguel Gerala. 

En un fallo de mayoría firmado por los jueces Javier Carbajo y Daniel Petrone —con el voto en disidencia de Alejandro Slokar—, la Sala I declaró al cacique territorial penalmente responsable como partícipe necesario de los delitos de robo agravado y contrabando de infraestructura pública. La resolución judicial confirma lo que los fiscales denunciaron como un "delito de poder", dejando al dirigente que gobernó Morillo durante un cuarto de siglo a las puertas de recibir una condena a prisión efectiva que deberá fijar el tribunal de origen en una próxima audiencia.

El expediente reconstruyó con precisión quirúrgica el desmantelamiento sistemático de las vías del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, que une las localidades de Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano en pleno Chaco salteño. El circuito delictivo coordinado desde las cúpulas del poder local incluía el corte con herramientas de precisión de los rieles de acero, su acopio en fincas de la zona, el transporte hacia la ciudad de Orán y la posterior salida clandestina hacia Bolivia.

La investigación del Ministerio Público Fiscal probó el pago recurrente de coimas a fuerzas de seguridad para evadir los controles cameros y vincular de manera directa al hijo del jefe municipal, Miguel "Yopi" Gerala, con el comerciante David Edilberto Medina en el engranaje logístico del saqueo.

La caída del exjefe comunal se aceleró tras los allanamientos que permitieron el secuestro de 15 rieles ferroviarios acopiados en su propio domicilio particular, además de herramientas de corte industrial y un vehículo oficial utilizado por su hijo para los traslados ilegales. Aunque en abril el tribunal de juicio le otorgó el beneficio de la duda, la alzada federal dejó en claro que la estructura municipal fue puesta al servicio del delito. En la causa ya se registraban las condenas a seis años de prisión dictadas contra "Yopi" Gerala y el comerciante Medina, sumadas a las sanciones impuestas a efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Salta por el cobro de cohecho.

El caso de Gerala no es un hecho aislado, sino que ratifica una peligrosa matriz de depredación de bienes del Estado en la frontera salteña. La declaración de responsabilidad penal contra el exintendente de Morillo evoca el escandaloso antecedente de Jorge Enrique Prado, exjefe comunal de Aguaray condenado a más de seis años de prisión por el desmonte y robo de 228 caños del Gasoducto GNEA. Procesado también por un faltante millonario en 2016, la figura de Gerala se suma ahora a la lista de caudillos norteños expuestos por utilizar la función pública y la falta de controles estatales para enriquecerse mediante el tráfico ilegal de insumos estratégicos.