Malvinas de pantalla: esconden penas de 12 años para criminalizar la opinión pública

Bajo la fachada de una iniciativa orientada a ratificar la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y blindar los recursos naturales frente al avance petrolero británico en el yacimiento Sea Lion, el gobierno de Javier Milei coló una peligrosa maniobra de control político en el Congreso.

Un informe exclusivo revela que el proyecto enviado al Parlamento incluye modificaciones al Código Penal que pretenden imponer penas de hasta 12 años de prisión para quienes supuestamente "manipulen la opinión pública" mediante campañas de desinformación masiva, encendiendo alarmas en el arco jurídico por el uso discrecional de la norma para perseguir a opositores.

La iniciativa, firmada bajo la órbita de Presidencia con la articulación de la SIDE, Cancillería y Economía, desvía rápidamente el eje de la causa Malvinas para concentrarse en la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y en un capítulo titulado “Fortalecimiento ante la influencia extranjera”. Es allí donde se esconde la verdadera letra chica: la incorporación del artículo 225 bis al Código Penal.

El nuevo articulado castiga con prisión de cinco a 12 años a quienes, bajo el supuesto financiamiento o mandato de un Estado u organización extranjera, realicen actividades para “alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”, sumando además sanciones de hasta 15 años si se detectan amenazas o estructuras coactivas. La reforma se completa con restricciones severas al financiamiento de campañas electorales por parte de extranjeros sin residencia permanente.

Especialistas consultados salieron al cruce de la redacción oficial por su extrema ambigüedad. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que se trata de un tipo penal "raro y complejo", cuyo mayor riesgo radica en que "cualquier cosa que haga un opositor" pueda ser criminalizada bajo la excusa de vínculos externos, señalando que la norma busca ser utilizada "bajo ciertas circunstancias que no están claras para perseguir a la oposición".

En la misma sintonía, la antropóloga y exministra de Seguridad Sabina Frederic calificó la medida como un avance directo hacia la persecución política: “Es una línea muy gris la de 'manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masivas'. No se establecen excepciones y es muy peligroso, en especial por el Poder Judicial que tiene Argentina, sobre todo con los fiscales, que han demostrado una alianza profunda con el gobierno”. Así, el oficialismo intenta blindar su narrativa bajo la amenaza latente de la celda, transformando el debate por la soberanía en un nuevo cepo a la libertad de expresión.