: La defensa de Cristina Fernández presentó un informe económico y acude a la ONU

En un movimiento que sacude el tablero judicial y político del país, el equipo legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner —integrado por los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego— encabezó una conferencia de prensa este martes para dar a conocer un nuevo y contundente informe económico. Con este documento bajo el brazo, la defensa busca demoler uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se estructuró la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la denominada "Causa Vialidad".

El núcleo de la presentación se centra en un minucioso análisis de los desembolsos ejecutados a través de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional durante el período comprendido entre 2009 y 2015. Según el relevamiento encargado a la consultora Specs —el cual se nutrió de una base de datos oficial aportada por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de otro expediente judicial—, aquel mecanismo de financiamiento contempló un total de 367 obras viales ejecutadas con la participación de 114 constructoras diferentes, alcanzando un volumen de recursos que ascendió a los 2.200,45 millones de dólares.

El dato central y más explosivo que arroja el informe es que las empresas vinculadas a Lázaro Báez apenas percibieron el 0,85% de esos fondos. Para los abogados defensores, esta cifra lapidaria echa por tierra la tesis de los tribunales que sostuvieron que el Decreto 54/2009, firmado por la entonces mandataria, constituyó un traje a medida diseñado de forma exclusiva para direccionar la obra pública en favor del empresario patagónico.

Durante la exposición, Beraldi cuestionó con dureza que durante el desarrollo del juicio oral se le hubiera negado sistemáticamente a la defensa la producción de medidas de prueba fundamentales, como una pericia contable integral que permitiera examinar en detalle la ejecución de dichos fondos. A criterio de los letrados, de haberse realizado ese estudio técnico en su momento, se habría demostrado de manera fehaciente que el decreto poseía un alcance de carácter general y que su único objetivo era financiar obras viales en todo el territorio nacional, sin constituir un mecanismo de privilegio para una firma en particular.

La estrategia jurídica diagramada por el equipo de la exmandataria contempla ahora una doble vía de acción institucional. Por un lado, la documentación será presentada formalmente ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para robustecer el reclamo internacional y exigir una revisión del proceso. Por el otro, con este nuevo caudal probatorio en la mano, los abogados anticiparon que impulsarán un recurso de revisión por la vía judicial interna en los tribunales argentinos.

Si bien la presentación de este informe no modifica de manera automática la vigencia formal de la sentencia actual, abre un nuevo e imprevisible frente en la disputa político-judicial, instalando el debate sobre la veracidad de los fundamentos económicos que sostuvieron la condena.