Marines de EE.UU. operan en Tierra del Fuego sin autorización del Congreso

La subordinación geopolítica del gobierno nacional vuelve a cruzar un límite institucional peligroso. En plena escalada discursiva sobre supuestos reclamos de soberanía, la presencia y rotación inconsulta de contingentes de marines de los Estados Unidos en la provincia de Tierra del Fuego generó una intensa polémica política e institucional, destapando una maniobra que opera de espaldas a la ley fundamental del país.

Mientras la atención mediática se desvía con anuncios de ocasión, pequeños grupos de entre 20 y 30 efectivos del Cuerpo de Marines estadounidense llevan adelante ejercicios conjuntos de reconocimiento, supervivencia y adiestramiento en valles, glaciares y zonas montañosas junto al Batallón de Infantería de Marina Nº 4 (BIM 4) en Ushuaia.

Lejos de tratarse de meras visitas protocolares, las operaciones incluyeron el ingreso de equipos sensibles, tecnología de comunicaciones y pertrechos tácticos de alta complejidad que, según se advierte, quedarían almacenados en bases locales bajo control extranjero.

El eje del escándalo no reside únicamente en la dudosa conveniencia de ensayar maniobras con una potencia extranjera en un enclave estratégico de soberanía sensible, sino en la absoluta ilegalidad de su implementación. La operatoria desnuda un silenciamiento alarmante de los mecanismos republicanos de control.

El artículo 75, inciso 28, de la Constitución de la Nación Argentina es categórico y no da lugar a interpretaciones antojadizas: es atribución exclusiva del Congreso de la Nación "permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de fuerzas nacionales fuera de él".

Ante este mandato constitucional, cabe preguntarse con indignación: ¿Qué le pasa al Congreso? ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo permanezca cómplice, pasivo o inerme frente a la instalación de fuerzas extranjeras en suelo soberano sin haber debatido, votado ni autorizado formalmente su ingreso?

Mientras los defensores seriales del ajuste y la entrega pretenden encuadrar el despliegue dentro de los márgenes de la "cooperación bilateral habitual", la realidad institucional es de una gravedad inusitada. Eludiendo el debate parlamentario y pisoteando las atribuciones constitucionales, el Ejecutivo convalida un avasallamiento a la soberanía territorial que transforma al Congreso en un convidado de piedra, mientras bases y pertrechos extranjeros operan en el sur patagónico sin el aval legal que exige la ley suprema de la Nación.