Pensiones truchas: imputaron a 15 personas por una estafa millonaria en Anta

La Justicia Federal de Salta formalizó este miércoles la imputación de 15 personas —entre ellas un diputado provincial, médicos y exfuncionarios— en el marco de una megacausa que investiga la tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta, un circuito que habría recaudado más de 80 millones de pesos desde 2024.

Durante la audiencia celebrada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia 2, a cargo del juez Diego Anzorreguy, el fiscal general Carlos Amad expuso la hipótesis de una estructura organizada que operaba como una "fábrica expendedora de certificados médicos truchos". Con la formalización de los cargos, la Fiscalía dispuso de un plazo de un año para profundizar las medidas de prueba y determinar las responsabilidades específicas de cada involucrado en el desfalco al Estado nacional.

De acuerdo con la investigación coordinada junto a Gendarmería Nacional, el sistema no se trataba de hechos aislados, sino de un engranaje milimétricamente calculado. La estructura combinaba la captación de personas en situación de vulnerabilidad en parajes y zonas rurales —utilizando las pensiones como moneda de cambio o herramienta de captación política— con la complicidad de profesionales de la salud y personal administrativo.

La red se valía de médicos encargados de confeccionar historias clínicas y certificados falsos, donde se detectaron graves irregularidades como la reutilización de una misma radiografía para distintos pacientes o diagnósticos adulterados. Posteriormente, empleados con acceso a sistemas públicos ingresaban los expedientes para viabilizar las prestaciones. En total, la lupa de la Justicia abarca un universo bajo sospecha de más de 4.300 pensiones en Anta, sobre un total de 9.000 casos observados en la provincia.

Diputados, médicos y exfuncionarios en la mira

La nómina de los 15 imputados refleja el peso institucional de la presunta red delictiva. Entre los acusados figuran el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana, exautoridades del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal, un exjefe de la ANSES y médicos de la región como Roberto Bernardino Morales, César Ramiro Blanco, Luciano Benjamín Esteban, Luis Alberto Verón, Diego Augusto Ocampo, José Wilson Muñoz Torres y José Edmundo Brisuela.

A la lista se suman María Romano, Hugo Humberto Massa, Edmundo Dante Salazar, Humberto Brisuela Mendoza, Manuel Rodolfo Córdoba y Luis Casares. Con legajos, peritajes telefónicos, tareas de inteligencia y testimonios de identidad reservada ya incorporados al expediente, la Fiscalía Federal buscará en los próximos doce meses desarticular por completo el circuito que lucró con los recursos destinados a la seguridad social de los sectores más vulnerables.