Arancelamiento de salud: la Nación replica el modelo de Salta para extranjeros

Política11/08/2026 Hospitales públicos
guardia hospitalaria

La política sanitaria impulsada en su momento por la provincia de Salta se convirtió en un estándar a nivel federal. Este martes, el Gobierno nacional reglamentó oficialmente el cobro de la atención sanitaria no urgente para los ciudadanos extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país, replicando un esquema que busca resguardar los recursos de los hospitales públicos.

La medida formaliza un camino que tuvo su antecedente ineludible en Salta, cuando en febrero de 2024 el gobernador Gustavo Sáenz firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 129, estableciendo el arancelamiento de las prestaciones médicas para personas con residencia transitoria o precaria en los centros de salud provinciales.

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, el nuevo régimen nacional diferencia de manera tajante entre las consultas programadas y las situaciones de urgencia médica. Para las prestaciones programadas, quienes requieran consultas, estudios o intervenciones quirúrgicas y no acrediten residencia permanente deberán demostrar que cuentan con una cobertura de seguro médico, o bien pagar por adelantado el 100% del arancel estipulado por el nomenclador del hospital. En el caso de poseer un seguro de salud, los establecimientos podrán facturar directamente a la compañía, la cual dispondrá de un plazo máximo de 45 días corridos para cancelar el monto.

Por otro lado, la normativa ratifica que las urgencias y emergencias con riesgo cierto e inminente para la vida seguirán siendo atendidas de forma inmediata, sin importar la situación migratoria ni la exigencia de trámites administrativos previos. Cuadros como infartos, ACV, traumatismos graves u otras emergencias obstétricas no sufrirán ningún tipo de restricción.

Asimismo, se aclaró que los extranjeros que sí posean residencia permanente en el país mantendrán el acceso gratuito al sistema de salud en absoluta igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, siempre y cuando logren acreditar tal condición legal.

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