Aprobaron la prórroga por dos años de la emergencia por violencia de género en Salta

En medio de un escenario social crítico marcado por un incremento exponencial en las denuncias y un alarmante saldo de femicidios, la Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley impulsado por las legisladoras Alejandra Navarro y Leonor Minetti. La iniciativa prorroga por el término de dos años la vigencia de la Ley 7.857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio salteño. El expediente (Nº 90-34.575/2026) giró ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento en revisión.

Frente a una realidad asfixiante donde los registros oficiales indican que las demandas de asistencia se dispararon hasta duplicar los valores previos y donde la falta de partidas nacionales obliga al Estado provincial a redoblar esfuerzos, la continuidad de esta herramienta legal se vuelve indispensable. La norma habilita al Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para sostener los dispositivos de contención, las líneas de asistencia, las fiscalías especializadas y las redes de acompañamiento territorial que hoy operan al límite de su capacidad para proteger a las víctimas.

La persistencia de esta emergencia no responde a un trámite burocrático, sino a una demanda social inapelable que interpela de manera directa a las instituciones provinciales. Salta se encuentra históricamente entre las provincias que lideran los peores rankings nacionales en materia de violencia machista, registrando tasas de femicidios y agresiones graves que superan sistemáticamente la media del país.

En un contexto donde la red de contención en el interior provincial sufre constantes retrocesos —con municipios que carecen de áreas específicas o recursos operativos—, desproteger a las víctimas implica dejarlas a merced de una maquinaria de violencia letal. Sostener la emergencia legal resulta, por lo tanto, un reaseguro fundamental para evitar que el ajuste presupuestario nacional y la saturación de los tribunales terminen por desmantelar las escasas herramientas de protección y asistencia con las que cuentan las mujeres salteñas.