Santiago Pedroza recaudó millones, pagará una fracción y no irá preso

El abogado admitió haber participado en la comercialización fraudulenta de terrenos inundables e inhabitables. Fue condenado a tres años de prisión condicional, cinco años de inhabilitación profesional y deberá pagar poco más de $21 millones. La pena abre un interrogante inevitable sobre la proporcionalidad entre el daño ocasionado, el dinero recaudado y la respuesta judicial.

La Justicia salteña condenó al abogado Santiago Pedroza y a Roberto Fernando López por integrar una organización dedicada a comercializar fraudulentamente terrenos ubicados en zonas inundables e inhabitables. Mediante falsas promesas de acceso a lotes, la maniobra perjudicó a numerosas familias que buscaban cumplir el sueño de la vivienda propia.

El proceso terminó mediante un juicio abreviado, instancia en la que ambos acusados admitieron su participación. Pedroza recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no irá a la cárcel, además de cinco años de inhabilitación para ejercer la abogacía y el cumplimiento de reglas de conducta.

También deberá pagar poco más de $21 millones como reparación económica. López, por su parte, fue condenado a tres años de prisión condicional y al pago de $3 millones. Entre ambos deberán aportar más de $24 millones a las personas damnificadas.

Sin embargo, el monto acordado adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el volumen económico que habría generado la venta de los terrenos. Pedroza recaudó cifras millonarias mediante operaciones que afectaron a familias enteras, pero cerró el proceso con una reparación que aparece como una porción mínima frente al dinero movilizado y al daño provocado.

Aunque la causa formalizó inicialmente 40 hechos de estafa, las autoridades estiman que el número total de afectados ronda las 400 personas damnificadas que habrían pagado entre $500 mil y $8.000.000 millones.

Las víctimas destinaron ahorros, asumieron deudas y proyectaron sus viviendas sobre tierras que no reunían condiciones para ser habitadas. En muchos casos, detrás de cada operación existía una familia que confió no solamente en una propuesta comercial, sino también en la condición profesional de un abogado.

La pena vuelve a colocar en discusión el alcance de los juicios abreviados en causas de fuerte impacto social. La admisión de responsabilidad evitó un debate oral más extenso y derivó en una condena que, aunque establece responsabilidades penales, no implica el encarcelamiento efectivo de los acusados.

Mientras delitos menores suelen encontrar respuestas inmediatas y severas, una maniobra organizada, millonaria y sostenida en el tiempo terminó con penas condicionales. Pedroza no irá preso y deberá devolver una suma que, frente a lo recaudado y al perjuicio causado, puede interpretarse como migajas.

La sentencia existe y reconoce que hubo víctimas. Pero la pregunta permanece: cuando el castigo no guarda una proporción visible con el beneficio obtenido ni con el daño ocasionado, ¿la Justicia realmente es igual para todos?