Justicia social para pocos: embargan al PJ de Salta por evadir los aportes de sus trabajadores

La decadencia institucional del Partido Justicialista (PJ) de Salta tocó un nuevo y vergonzoso fondo. Sumergido en una feroz batalla de caciques y encadenando tres intervenciones políticas y judiciales en poco más de un año, el partido de la mítica sede de la calle Zuviría ahora enfrenta una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El fisco nacional le reclama una deuda previsional superior a los 6,1 millones de pesos y exigió el embargo inmediato de todas sus cuentas bancarias e inmuebles por haber retenido y evadido los aportes y contribuciones de la seguridad social de sus trabajadores.

La paradoja es total y roza el cinismo político: el partido que históricamente hizo de la "justicia social" y la defensa de los derechos laborales su principal bandera doctrinaria, fue acorralado por el Estado por precarizar a su propio personal. La demanda, impulsada en el Juzgado Federal de Salta por la representante del fisco, María Silvina Escotorin, detalla que las obligaciones impagas corresponden apenas al período de enero de 2026, lo que demuestra la velocidad de la quiebra financiera del espacio.

Según consta en el mandamiento de intimación de pago N.º 1.844/2026, el PJ Salta debe un capital neto de $6.184.033,99. A esa cifra se le sumaron de inmediato otros $927.605,10 en concepto de intereses punitorios y costas judiciales, elevando la factura que el peronismo local le debe al Estado a más de 7,1 millones de pesos.

La radiografía de la deuda que procesó ARCA (la ex AFIP) discrimina la maniobra en dos cuentas:

• $2.682.016,34 en concepto de aportes de la seguridad social (dinero que se le descuenta legalmente a los trabajadores de su sueldo pero que el partido nunca depositó en la ANSES).

• $3.502.017,65 por contribuciones patronales directas que el PJ omitió abonar como empleador.

Ante esta situación, la Justicia Federal dictó una inhibición general de bienes muebles e inmuebles y congeló los fondos depositados en las cuentas del partido. El PJ dispone de apenas cinco días hábiles para pagar la deuda o presentar excepciones legales; de lo contrario, se procederá al remate de activos o al secuestro directo de los fondos que ingresen a la personería jurídica de la calle Zuviría 938.

Un partido acéfalo, loteado y en liquidación

Este colapso financiero no es un hecho aislado, sino el resultado directo de la acefalía y la descomposición política que arrastra el peronismo salteño. En febrero de 2025, la conducción nacional del PJ, bajo el mando de Cristina Fernández de Kirchner, decidió patear el tablero local, intervino el distrito Salta y mandó al exministro Sergio Berni junto a María Luz Alonso para "reorganizar" el territorio. El experimento duró poco: en febrero de 2026, el Consejo Nacional volvió a cambiar de opinión y nombró interventor político al ex diputado nacional Pablo Kosiner.

La estocada final al descalabro la dio la propia Justicia Electoral el pasado 15 de mayo de 2026, al decretar la intervención judicial del partido tras una feroz presentación de Esteban Amat, el histórico dirigente y presidente de la Cámara de Diputados provincial que había sido eyectado de la conducción en 2025. El fallo barrió a Kosiner y designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor judicial definitivo.

Es en los escritorios de Gambetta donde estalló ahora esta notificación de embargo previsional. Con las cuentas congeladas por la Justicia, sin personería normalizada y con los dirigentes locales más preocupados por salvar sus bancas y hacer rosca de cara a las próximas elecciones que por el destino de su propia fuerza, el PJ salteño funciona hoy como un sello de goma quebrado, que no solo perdió el rumbo político, sino que ya ni siquiera puede pagar las cargas sociales de sus empleados.