Salta ya tiene nuevo Defensor del Pueblo

En la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó la designación y tomó juramento a Federico Núñez Burgos como el nuevo Defensor del Pueblo de la capital. La votación, que se destrabó tras semanas de negociaciones en comisión pero contó con el rechazo en bloque de La Libertad Avanza, pone en funciones a una figura institucional clave.

Sin embargo, más allá de la formalidad política del Gran Bourg, el verdadero desafío radica en que el ciudadano de a pie conozca la existencia de esta oficina, entienda para qué sirve y sepa exactamente dónde acudir cuando el Estado o las empresas privadas vulneran sus derechos.

El acto institucional fue encabezado por el titular del cuerpo legislativo, Darío Madile, quien tomó juramento a Núñez Burgos bajo la fórmula "Por Dios, por la Patria y estos Santos Evangelios". La terna final de postulantes, evaluada por una comisión especial presidida por el concejal Gonzalo Nieva, estuvo integrada también por los abogados Sebastián Aguirre Astigueta y Andrés Ignacio Saraín. A diferencia del consenso logrado para la conducción del organismo, el cargo de Secretario Letrado fue declarado desierto y el proceso se dio por concluido debido a la falta de acuerdos entre las distintas bancadas políticas.

¿Para qué sirve el Defensor del Pueblo y por qué te interesa?

En una Salta golpeada por la recesión, con tarifas de servicios públicos por las nubes y constantes reclamos por deficiencias de infraestructura, la Defensoría del Pueblo no es un cargo burocrático más: es el último escudo legal del vecino.

Creada bajo la Ordenanza Nº 14.501, su función primordial es vigilar, proteger y defender los derechos e intereses legítimos —tanto individuales como colectivos— de todos los habitantes de la ciudad. El Defensor del Pueblo tiene el poder de intervenir directamente ante:

• Abusos y omisiones de la administración municipal: Trámites cajoneados, multas mal aplicadas o la falta de respuestas a problemas de infraestructura barrial crónicos.

• Mal funcionamiento de empresas de servicios públicos: Deficiencias graves, facturaciones abusivas o cortes injustificados de luz, agua o gas.

• Vulneración de derechos colectivos: Casos que afecten al medio ambiente (como la contaminación de ríos), la salud pública o la seguridad vial en el ejido urbano.

Lo fundamental de esta institución es que funciona de manera autónoma e independiente del intendente de turno. Esto significa que si la municipalidad no arregla una calle, permite una obra ilegal o ignora un reclamo vecinal, el Defensor del Pueblo tiene la facultad legal de intimar a los funcionarios y exigir soluciones en nombre de los afectados, actuando como un mediador gratuito y con fuerza jurídica.

De nada sirve que el Concejo Deliberante apruebe ordenanzas y monte ceremonias de jura si el vecino de un barrio periférico desconoce que existe una herramienta gratuita para frenar los atropellos burocráticos. Durante años, la Defensoría del Pueblo en Salta ha operado bajo un cono de sombra y desconocimiento generalizado. La gente suele canalizar su bronca en las redes sociales o en los medios de comunicación precisamente porque no sabe quién es el Defensor ni dónde encontrarlo.

Federico Núñez Burgos asume el cargo con la obligación inmediata de sacar la institución a la calle. Los ciudadanos necesitan canales de comunicación claros, atención presencial accesible y plataformas digitales dinámicas donde radicar denuncias sin necesidad de contratar a un abogado particular. Lograr que la comunidad se apropie de la Defensoría del Pueblo y la reconozca como un espacio de consulta cotidiano determinará si esta gestión se convierte en una verdadera herramienta de control ciudadano o si pasa a ser, simplemente, un costoso sillón de confort político financiado por los contribuyentes.