Valles Calchaquíes: denuncian una trama de desalojos, poder judicial concentrado y presuntas maniobras sobre tierras

El abogado Humberto Vázquez advirtió en El Tintero Stream sobre causas judiciales “armadas”, detenciones arbitrarias y un esquema que, según sostuvo, podría esconder intereses económicos y políticos detrás del avance sobre tierras históricamente ocupadas por familias de los Valles Calchaquíes.

La disputa por la tierra en los Valles Calchaquíes volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial salteña tras las declaraciones del abogado Humberto Vázquez en El Tintero Stream, donde denunció una presunta operatoria sistemática de desalojos contra familias que viven desde hace décadas en la zona y que hoy son acusadas de usurpación por supuestos propietarios llegados desde afuera de la región.

Según explicó el letrado, en distintos puntos de Cafayate y San Carlos comenzaron a aparecer “dueños” que presentan planos de mensura, escrituras recientes y juicios de prescripción adquisitiva veinteañal, para obtener sentencias judiciales que luego habilitan desalojos sobre tierras ocupadas históricamente por pobladores locales.

La denuncia no solo apunta a la legitimidad de esas titularidades, sino también al funcionamiento del sistema judicial y policial que interviene en los procesos. Vázquez sostuvo que existen procedimientos “irregulares” y causas penales que avanzan con “pruebas débiles o directamente fabricadas”, mientras los habitantes terminan detenidos o sometidos a prisión preventiva.

Uno de los casos mencionados involucra a tres personas privadas de su libertad, entre ellas un hombre señalado por la defensa como heredero legítimo de tierras adquiridas por su familia en 1952. Aun así, fueron imputados por usurpación, resistencia a la autoridad y amenazas.

“Bombas molotov” sin peritajes y detenciones cuestionadas

Durante la entrevista, Vázquez cuestionó duramente el accionar policial y judicial en la zona. Aseguró que se incorporaron elementos como supuestas bombas molotov sin análisis químicos ni pericias que acrediten siquiera la presencia de combustible.

También remarcó que, en algunos expedientes, ni siquiera aparecen denunciantes concretos o damnificados que impulsen las acusaciones. Pese a ello, las detenciones se sostienen y las prisiones preventivas continúan sin una resolución rápida ni notificaciones claras a la defensa.

Para el abogado, la situación representa una violación de garantías constitucionales básicas y expone una lógica judicial donde primero se detiene y luego se intenta justificar el procedimiento.

La preocupación crece porque el conflicto ya no aparece como un caso aislado, sino como parte de una dinámica que distintas organizaciones sociales y referentes territoriales vienen denunciando desde hace años en Salta: el avance sobre tierras rurales y territorios históricamente ocupados por familias campesinas o comunidades originarias.

Un sistema judicial chico para conflictos grandes

Uno de los ejes más delicados de las declaraciones apunta directamente al funcionamiento de la Justicia en Cafayate y San Carlos. Vázquez describió un esquema de fuerte concentración de poder, donde pocos jueces y fiscales intervienen simultáneamente en fueros civiles, penales, laborales y de familia.

En términos prácticos, eso significa que un mismo magistrado puede intervenir en distintas etapas o dimensiones de conflictos que terminan vinculándose entre sí. Para la defensa, esa estructura reduce los controles, limita la pluralidad de criterios y debilita las garantías de imparcialidad.

El planteo reabre una discusión incómoda para la política salteña: qué pasa cuando el acceso a la justicia depende de estructuras judiciales mínimas, con poca rotación y escasos mecanismos de revisión efectiva.

En departamentos alejados de la capital provincial, la falta de jueces y fiscales no solo ralentiza causas. También concentra poder, y cuando el poder se concentra en territorios donde la tierra vale cada vez más, las sospechas crecen.

Turismo, negocios y tierras cada vez más codiciadas

Vázquez deslizó además una hipótesis que agrega otra capa política al conflicto: detrás de los desalojos podría existir un interés económico vinculado al desarrollo turístico, inversiones inmobiliarias o incluso mecanismos de lavado de dinero.

Los Valles Calchaquíes se transformaron en los últimos años en una de las zonas más codiciadas de Salta. El crecimiento del turismo premium, las bodegas boutique y los desarrollos inmobiliarios elevó el valor de la tierra y modificó el mapa económico regional.

En ese contexto, las denuncias sobre compras irregulares, escrituras dudosas o procesos de usucapión acelerados empiezan a adquirir otra dimensión.

El abogado también hizo referencia a la posible utilización de vínculos políticos para facilitar determinadas operaciones registrales o judiciales, aunque aclaró que en varios casos no existen pruebas directas contra las personas señaladas públicamente.

Aun así, el solo hecho de que aparezcan familiares de dirigentes políticos mencionados en expedientes o titularidades alimenta un clima de sospecha en una provincia donde los conflictos por tierras suelen mezclarse con poder, negocios y relaciones personales.

La pelea que viene

Mientras tanto, la defensa de los detenidos espera que se conforme la sala del Tribunal de Impugnación que deberá revisar las prisiones preventivas dictadas en la causa.

Según planteó Vázquez, la demora judicial agrava todavía más el escenario porque se trata de personas privadas de libertad sin condena firme y con procesos que, según denuncia, avanzan sin celeridad ni garantías suficientes.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para Salta: quién protege a quienes viven hace generaciones en territorios donde, de golpe, aparecieron intereses económicos mucho más grandes que ellos.