El Gobierno busca recaudar impuestos y frenar el contrabando de cigarrillos electrónicos

A través de la resolución 549/2026, se reemplaza la prohibición vigente por un sistema de control estatal y registro obligatorio. La medida busca reducir el mercado clandestino, formalizar la comercialización y proteger a los menores mediante la restricción de saborizantes.

El Gobierno nacional formalizó una modificación estructural en la comercialización de productos alternativos de nicotina al aprobar una regulación integral para vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. La medida, establecida bajo la resolución 549/2026, elimina el modelo de prohibición que regía hasta el momento y lo sustituye por un esquema basado en la fiscalización, el control estatal y un registro obligatorio de productos.

Según informaron fuentes oficiales, la decisión tiene como objetivo principal reducir el peso del circuito clandestino, el cual concentraba la venta de estos artículos sin controles sanitarios ni tributarios. Con este nuevo marco, las autoridades podrán supervisar la composición, fabricación, importación y comercialización de los dispositivos. La normativa exige que cada producto sea registrado con una declaración detallada de sus ingredientes, niveles de nicotina permitidos y procesos de elaboración, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad.

Uno de los puntos centrales de la regulación es la protección de los menores de edad. Para ello, se dispuso la limitación de saborizantes en vapeadores, elementos identificados por especialistas como factores determinantes en el inicio del consumo adolescente. El esquema regulatorio fue desarrollado mediante un trabajo conjunto entre organismos de salud, economía, fiscalización y administración estatal.

Además de los controles sanitarios, el sistema busca incorporar estos productos a un régimen impositivo formal para diferenciar categorías y reforzar el combate contra el contrabando. Esta nueva etapa en la política de consumo de nicotina en Argentina combina la reducción del mercado ilegal con el fortalecimiento de las herramientas de supervisión del Estado.