Martín Ávila, otro pase de la política a la Justicia que en Salta nadie disimula

El exconcejal, exfuncionario provincial y dirigente de larga trayectoria política fue aprobado por el Senado para asumir como Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro. Su designación vuelve a exponer una práctica cada vez más naturalizada en Salta: la puerta giratoria entre la política y un Poder Judicial que sigue lejos de mostrar autonomía real.

En Salta, la independencia judicial suele declamarse mucho más de lo que se practica. Mientras los discursos institucionales insisten con la división de poderes, la realidad se encarga una y otra vez de mostrar otra cosa: una estructura donde la política mete mano, acomoda nombres y proyecta sus propios cuadros hacia lugares estratégicos de la Justicia.

La última postal de esa lógica tiene nombre y apellido: Martín Ávila. El dirigente salteño fue aprobado por el Senado para asumir como Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro, en un movimiento que vuelve a encender una discusión incómoda, pero cada vez más necesaria: ¿hasta dónde llega la connivencia entre la política y la Justicia salteña?

Ávila no aterriza en el Ministerio Público desde una trayectoria exclusivamente judicial ni desde un perfil técnico desprendido de la disputa partidaria. Llega después de años de militancia, cargos públicos y articulación política. Fue referente de Memoria y Movilización, espacio que presidió antes de dejarle la conducción al concejal David Leiva. También ocupó cargos dentro del Gobierno de Salta como Secretario de Relaciones Institucionales y Subsecretario de Asuntos Legislativos y Reforma Política. Es decir, conoce el Estado, sí, pero sobre todo conoce el poder por dentro.

Y ese es el punto, porque en una provincia donde los vínculos entre oficialismo, oposición amigable, Senado y Justicia vienen dando sobradas muestras de cercanía, el salto de un dirigente político al rol de fiscal penal no debería leerse como una simple designación administrativa. Debería leerse como lo que es: una señal política.

No se trata solo de que Ávila haya tenido una carrera pública intensa. También fue asesor en la Convención Constituyente de 2021, una instancia clave para rediseñar reglas institucionales en la provincia, y se movió durante años en temas ligados al régimen municipal, asesorando a comunas y produciendo materiales sobre funcionamiento institucional. Su libro, “El régimen municipal de Salta. Apuntes para concejales”, da cuenta de ese recorrido. Pero nada de eso borra el dato central: su formación y su construcción de poder estuvieron ancladas en la política, no en una carrera judicial ajena a las lógicas partidarias.

Y ahí aparece la pregunta de fondo, la que en Salta casi nunca se quiere discutir en serio: ¿puede un hombre que viene de la cocina política convertirse, de un día para otro, en un fiscal capaz de investigar con verdadera independencia a los mismos sectores con los que convivió, articuló o construyó poder?

La respuesta formal será previsible. Que cumplió los requisitos. Que el Senado dio acuerdo. Que el procedimiento fue legal. Pero la legalidad no resuelve el problema de fondo. Porque lo que está en juego no es solo si el trámite fue correcto, sino qué tipo de Justicia se sigue construyendo en Salta.

Una Justicia donde los pliegos pasan por el Senado, donde los nombres suelen llegar con terminales políticas visibles y donde los cargos estratégicos parecen muchas veces parte de un reparto más amplio de poder. Una Justicia que después debe investigar a funcionarios, exfuncionarios, intendentes, concejales, operadores y estructuras enteras que, casualmente, integran el mismo ecosistema del que salen muchos de sus propios miembros.

Por eso el caso de Ávila excede su figura personal. No se trata solamente de él, sino de un mecanismo que se repite. De una costumbre de casta provincial. De una forma de ocupar instituciones que vuelve cada vez más delgada la línea entre quien administra poder político y quien debería controlar sus excesos.

Su paso como concejal de la ciudad de Salta y su perfil vinculado a los derechos humanos pueden sumarle espesor discursivo a su figura. Pero no alteran la escena principal: otro dirigente político que cruza, sin escalas ni demasiado rubor, hacia una posición clave dentro del engranaje judicial.

En cualquier provincia que quisiera tomarse en serio la autonomía de sus instituciones, un nombramiento así abriría un debate público de peso. En Salta, en cambio, parece apenas una estación más de un mecanismo aceitado. La política propone, el Senado convalida y la Justicia recibe.

Así, la famosa división de poderes queda reducida a una formalidad de manual. En la práctica, los vasos comunicantes siguen intactos.

La llegada de Martín Ávila a la Fiscalía Penal del Centro no hace más que confirmar esa vieja sospecha que en Salta ya suena a certeza: la política no solo condiciona a la Justicia; muchas veces la fabrica a su medida.