Un club social convertido en financiera en negro: el rol usurero del administrador de la Feria del Oeste

En el corazón del predio del Club San Martín, donde debería primar el rol social y de contención, funciona una feria que se transformó en algo muy distinto a un espacio comunitario. Detrás de los pasillos estrechos, las conexiones eléctricas precarias y los puestos armados a los ponchazos, aparece un protagonista que los feriantes señalan como el verdadero “dueño” del negocio: el administrador de la Feria del Oeste, Ángel Gómez, acusado por puesteros de manejar una red de préstamos usurarios y una administración paralela que se alimenta de la vulnerabilidad económica de quienes allí trabajan.

Según relatan feriantes que dialogaron con este medio, el circuito financiero dentro de la feria no tiene nada de solidario ni comunitario. Por el contrario, describen un mecanismo aceitado donde el administrador ofrece dinero “rápido” para cubrir alquileres atrasados, reparaciones de puestos, mercadería o gastos familiares urgentes, pero bajo condiciones que, en los hechos, se vuelven imposibles de sostener. Intereses desproporcionados, pagos semanales en efectivo, amenazas veladas de perder el puesto y una dependencia creciente hacia quien concentra el poder real sobre los espacios de venta.

La ecuación es clara: el feriante entra desesperado a un préstamo que no conseguiría en el sistema formal y termina atrapado en una rueda que solo beneficia a quien presta. De acuerdo a testimonios recogidos, no hay recibos oficiales, no hay contratos bancarios ni registros transparentes; lo que sí hay es una combinación peligrosa de necesidad urgente y poder discrecional. El mismo que decide quién entra, quién se queda, quién se va y quién “aguanta un poco más” si paga lo que le piden.

El problema no se limita al interés excesivo. Los feriantes denuncian que la figura del administrador se confunde con la del prestamista: quien controla la feria no solo cobra alquileres y “servicios”, sino que presta dinero y, a la vez, tiene en sus manos la herramienta perfecta de presión: el puesto. En muchos casos, el lugar de trabajo es la garantía de pago. “Si no pagás, te quedás sin puesto”, es la frase que varios aseguran haber escuchado, de modo directo o a través de sus colaboradores. En un contexto de informalidad y miedo a perder el único ingreso, casi nadie se anima a discutir.

El rol social del Club San Martín, mientras tanto, queda reducido a un discurso vacío. La institución, que debería funcionar como espacio deportivo, cultural y de encuentro barrial, aparece –según señalan los puesteros– como una pantalla detrás de la cual se mueve mucho dinero en efectivo y muy poco control. La feria se transformó en una caja paralela donde los balances no se discuten en asambleas y donde los principales movimientos económicos pasan por manos de pocos.

La precariedad edilicia y los riesgos eléctricos que se observan en el lugar terminan de completar el cuadro. Puestos sobrecargados, cables colgando, instalaciones improvisadas y ausencia de medidas básicas de seguridad conviven con un flujo constante de dinero en negro. La paradoja es brutal: no hay inversión en infraestructura ni condiciones dignas, pero sí hay una estructura aceitada para cobrar, prestar y recaudar. El riesgo lo corre el feriante; la renta la concentra el administrador.

Los relatos coinciden en otro punto sensible: el miedo. Quien se queja, pierde. Quien reclama, corre el riesgo de ser corrido de su lugar o de dejar de recibir “ayudas”. Así, el circuito de préstamos se sostiene sobre tres patas: necesidad económica, ausencia de regulación y poder de decisión concentrado. Todo bajo el paraguas de un club que, en los papeles, tiene fines sociales y comunitarios, pero que en la práctica es señalado por los trabajadores como el escenario perfecto para una financiera encubierta.

Lo que sucede en la Feria del Oeste no es solo una historia de usura a pequeña escala, sino también un síntoma de algo más profundo: cuando el Estado mira para otro lado y una institución social permite que su predio se convierta en negocio opaco, los más vulnerables quedan a merced de quienes transforman la crisis en oportunidad de lucro. En este caso, el nombre que aparece una y otra vez en las denuncias informales es el de Ángel Gómez, un administrador al que los feriantes no describen como un gestor, sino como un acreedor al que hay que temer.

Mientras no haya auditorías serias, controles edilicios reales, revisión de contratos y una investigación profunda sobre cómo y a nombre de quién circula el dinero en la Feria del Oeste, el relato seguirá siendo el mismo: un club social, una feria precaria y un administrador que, según quienes allí trabajan, encontró en la necesidad ajena el terreno ideal para instalar un sistema de préstamos usurarios a la sombra del deporte y la comunidad.