Desde la década de los ´90, quien gana la gobernación de Salta se tiene que sentar indefectiblemente con Banco Macro a construir una forzada -o no- convivencia por 4 años, y si se transforma en una buena amistad, puede que más. El agente financiero de la provincia condiciona desde hace años la economía local: desde mediar el vínculo entre la administración pública y sus sueldos; los principales negocios y políticas provinciales que impliquen el movimiento de dinero y los créditos del más escueto al más opulento de las entidades salteñas. Ni que hablar de cajeros, beneficios en el servicio o créditos y plazos fijos. A cambio, la provincia sostiene y sustenta a Macro a través de depósitos millonarios que, al parecer, a la entidad no le alcanza: ¿para qué negociar con el que llegue, si ellos mismos pueden poner a uno propio? ¿Para qué ser condicionado, si puede ser condicionante?

Hace unos días, la confirmación de Carlos “Uluncha” Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, que puso en plazo fijo 220 millones de pesos en Banco Patagonia ofendió no sólo el agente financiero local sino a sus propios operadores políticos. Sin reparos ni inmutaciones, el abogado confirmó que eligió este otro banco ya que tiene plazos fijos con una tasa del 66%, mientras que Macro le ofrece una del 52%. Es decir, aun teniendo rifada la caja de ahorro de toda una provincia, ni siquiera redunda en un beneficio económico básico como mejores tasas de interés. Macro ni siquiera respeta la tasa mínima establecida por el Banco Central de la República Argentina, que es de siete punto menos de lo que le establece Macro Salta, a lo que Saravia pidió que respete estas disposiciones y redobló la apuesta al asegurar que en otras provincias, “los bancos le pagan a los Estados para la agencia financiera…”.

Sin embargo, la primera pregunta y de cajón es: ¿qué hace un ente autárquico como el Regulador de Servicios Públicos, no solo administrando millones, sino buscando su maximización económica? O en otras palabras, ¿cómo es posible tener un ENRESP especulando con las reglas del mercado un dinero que, en la situación que actualmente atraviesan el agua y la energía, requiere cuanto menos, inversión urgente? Si la timba financiera no pasa de lado ni siquiera para un organismo como este, ¿qué esperar de secretarías y ministerios? La directiva de hacer caja, desde donde sea, está a la orden del día en el gobierno provincial. Sabido es que ´uluncha´responde políticamente a Pablo Outes, uno de los hombres que maneja una gran caja dentro del gobierno.

Orgulloso, Saravia, aseguró que gracias a su decisión, el organismo llegará a sacar $20 millones de pesos en intereses y aclaró que el motivo fue “preservar el valor adquisitivo del dinero” con los que se pudo comprar camionetas 4x2 que, se dice, se usan de manera particular. El Ente, parecería ser un emprendimiento a administrar y los del Macro “unos delincuentes”, los definió. “Yo no promociono bancos”, fustigó y denunció mediáticamente que aquellos que lo critican son “operadores periodísticos que trabajan para entendidas financieras”, dejando entrever cierta persecución del Macro por no confiarle su dinero a través de figuras auspiciadas por el agente, o por qué no, surgidos de su propio riñón.

¿Quién le respondió públicamente a Saravia? Nada más y nada menos que el propio ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, que le recordó que “no hay mejor negociador que nosotros”, aseveró el loro. “Hay organismos que no les importa y deciden hacerlo ellos mismos”, advirtió el funcionario por elevación en referencia al Ente Regulador de Servicios Públicos y confirmó que en comparación con bancos como Nación o Hipotecario “tenemos la mejor tasa que se puede conseguir”, dijo en relación a los acuerdos económicos que coordina la cartera e indirectamente, llamándole la atención a Saravia.

Es decir que la diferencia sobre en qué banco establecer el plazo no solo corresponde a una ecuación económica, sino también política, al no predisponer el Ente sus fondos en manos de Economía; lo que contribuye a la cristalización de cómo se tensionan los hilos del poder -más cuando hay 220 millones de pesos en juego-; sobre todo, los hilos del titiritero.

La situación no es más que anecdótica y ejemplificadora de cómo se mueve el poder en Salta. Un ministro operando para un banco y un funcionario mostrando las diferencias no sólo políticas, sino de correspondencias financieras, configuran el mapa de la situación de la provincia. Los valijeros, aquellos encargados de llevar el dinero de un lado a otro, ni siquiera son las segundas o terceras líneas, son los funcionarios que sin ponerse colorados salen a dar la cara cuando de plata se trata. Hasta Gustavo Sáenz fue parte de los juegos del poder económico al ser expuesto como el “recaudador de Stornelli”, el fiscal federal, en aquella investigación de Horacio Verbitsky en 2019 y cuando el ´gober´fue fotografiado en el balneario CR de Pinamar junto al polémico fiscal.

Por eso, no importa si es el gobernador, el ministro, un periodista; todos son valijeros. Su función es garantizar que el dinero llegue a donde tiene que llegar y así de arriba hacia abajo. Ningún ministro de Economía en los gobiernos de Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey ni Gustavo Sáenz no contó con el padrinazgo de Macro, a través del cual el agente garantizó y garantiza su mano en las decisiones políticas; sobre todo cuando el contrato entre el banco y la provincia deberá rediscutirse en los próximos años.

Habrá que ver si el gobernador que busca reelección o quienes pretenden llegar a esa posición de poder se atreven a plantarse al agente financiero Macro o continúan por la misma senda, esa será la mejor respuesta para saber si se mantienen o llegan solos, o son puestos para continuar gerenciando las riquezas y profundizando las pobrezas.